México... poder judicial por elección popular

El 1 de junio de 2025 marcó un hito histórico para México. Ese día, más de 13 millones de ciudadanos —de un padrón de aproximadamente 100 millones— participaron por primera vez en la elección popular de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Aunque se trató de una jornada pacífica, la baja participación (casi un 60 % de abstención) plantea serias dudas sobre la legitimidad y representatividad del proceso.

Se eligieron 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, 2 magistrados de las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistrados para las salas regionales, 5 del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces federales. En total, más de 2,600 aspirantes competían por estos cargos. Un volumen sin precedentes, que desbordó la capacidad informativa del sistema y dejó a buena parte de la población votando casi a ciegas.

Los defensores de la iniciativa, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirman que los errores eran previsibles, pues es la primera vez que se lleva a cabo un proceso de este tipo en México. Argumentan que países como Bolivia, Estados Unidos (de forma parcial) y Suiza han transitado caminos similares. Según ellos, la ciudadanía comprenderá que esta experiencia tiene un carácter fundacional y perfectible.

Pero muchos no lo ven así. La falta de información, la complejidad del sistema de votación y el apuro con el que se organizó el proceso generaron desconfianza y escepticismo. Más preocupante aún es el temor a que el crimen organizado y el lavado de dinero se infiltren ahora en el poder judicial, tal como ya ocurre en campañas para cargos legislativos y ejecutivos. Si esto se confirma, estaríamos ante un escenario de alto riesgo: impunidad legitimada por las urnas y cuotas de poder judicial negociadas entre intereses oscuros.

¿Puede una justicia electa popularmente ser más independiente y transparente? En teoría, sí. Pero sin un diseño institucional sólido, sin financiamiento limpio y sin una ciudadanía bien informada, el remedio podría ser peor que la enfermedad.

En lo personal, coincido con quienes alertan sobre estos peligros. No se trata de oponerse a la democracia participativa, sino de exigir que se aplique con responsabilidad, con garantías y con una visión de largo plazo. La justicia no puede convertirse en otro campo de batalla electoral. Si eso ocurre, todos perdemos.