Les meten el Chan 75

A pesar de las protestas de los Ngäbe-Buglé contra los proyectos hidroeléctricos en sus territorios, el Proyecto ‘Chan 75’ va poco a poco. Este proyecto fue aprobado en 2005 y ya está en avanzado estado de construcción, ubicado en la cuenca del río Changuinola (Bocas del Toro), tras lo cual se inundarán 750 hectáreas de tierra y exige la reubicación de alrededor de mil personas.

Cientos de familias se han mudado ya, pero otras, que aún negocian su reasentamiento, permanecen en sus hogares. Es cierto que la empresa promotora, Hidroteribe (concesionaria de AES Changuinola) y el Gobierno Nacional ya han implementado algunas medidas de mitigación y han prometido algunas más, pero Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que las compuertas de la presa se han cerrado, que el nivel de agua ya ha empezado a subir y teme que la vida, la seguridad y el sustento de las familias que permanecen en sus hogares puedan correr peligro si la inundación comienza antes de que hayan sido reasentadas sanas y salvas.

Muchas familias ya han abandonado la zona, pero algunas están aún negociando, por lo que siguen viviendo en el área que va a ser inundada. Algunas de las familias que aún no se han reasentado afirman que la indemnización que les prometieron solo se ha pagado en parte.

En septiembre de 2009, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas publicó un informe sobre este proyecto. En este señaló que habría ‘impactos significativos para las comunidades indígenas en el área…’ y concluyó que ‘ninguna de estas comunidades fueron consultadas adecuadamente y con carácter previo a la decisión de aprobar el proyecto por parte del Estado, ni tuvieron la oportunidad de otorgar su consentimiento en relación con su reasentamiento’.

En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Panamá la suspensión de la construcción de la presa, que adoptara medidas necesarias para garantizar la libre circulación y la integridad física de la comunidad ngäbe con el fin de impedir actos de violencia o intimidación. En mayo de 2010, la CIDH denegó la concesión de medidas provisionales, pero nada de esto ha valido.

Ojalá no pase como pasó con la Hidroeléctrica del Bayano (años 70). El general Omar Torrijos, el ‘gran amigo de los indios’, prometió imdemnización en la Comarca Kuna de Madugandí por la inundación de sus tierras, pero fueron engañados.

EL AUTOR ES EDUCADOR