Para justificarlos su presidenta alegó, en términos resumidos, lo siguiente: 1) Fue una decisión tomada por el Pleno en febrero del 2024 y el aumento fue incluido en el Presupuesto para el 2025; 2) Hay países que les pagan más: México, 18,500; Costa Rica, 16,000; Colombia, 15,000; Argentina, 12,000; 3) “Nosotros somos los que sostenemos la democracia” y “los que interpretamos la Constitución; 4) El Contralor tiene la opción de refrendar o de no refrendar; pero si la parte interesada insiste “de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría está obligado a hacerlo”.
El Contralor General explicó que, aunque no era de su agrado, especialmente en las actuales circunstancias de estrechez fiscal, ante la insistencia de la Corte, y porque el aumento fue incluido en el Presupuesto del 2025, no tuvo otra alternativa que refrendarlo. Pero, además, sin que lo diga el Contralor, como el aumento fue incluido en el Presupuesto del 2025, hay que asumir que será retroactivo y, por tanto, se pagará desde enero.
El Contralor, ante la posibilidad de que los magistrados del Tribunal Electoral, los procuradores y los magistrados del Tribunal de Cuentas exijan ser equiparados con los de la Corte, declaró que no lo refrendaría, porque esas dependencias no tienen la correspondiente partida presupuestaria.
El aumento a los magistrados de la Corte, como es obvio, tendrá más repercusiones que el gasto adicional, estimado, en ese caso, en un millón de balboas; por tanto, en las actuales condiciones de estrechez fiscal, tantas veces alegadas por el Órgano Ejecutivo, se imponen respuestas a preguntas como las siguientes: 1) ¿Por qué el Órgano Ejecutivo aceptó, cuando pudo no hacerlo, incluir en el proyecto del Presupuesto 2025, el aumento que “se habían auto aprobado los magistrados? 2) Por qué la Asamblea aprobó el aumento, cuando tampoco tenía por qué hacerlo? 3) Cuál sería la decisión de la Corte si los otros cargos equiparables demandaran aumentos iguales?
Como algunas de las voces que han rechazado los aumentos han mencionado la posibilidad de que puedan ser demandados, conviene recordarles que la decisión sobre su constitucionalidad, por cuanto en Panamá no existe Tribunal Constitucional, cuya necesidad se ratifica en circunstancias como estas, estaría, precisamente, en manos de sus propios gestores y beneficiarios, como en su momento lo recordó la propia presidenta de la Corte.
