Desde el gobierno de Varela, pasando por el de Cortizo y lo que va del presente gobierno, hemos vivido una constante inclusión en los listados de países señalados en listas grises y negras por parte de organismos geoeconómicos, así como de la Unión Europea. Si fuera un simple tema de colores, no tendría mayor importancia; pero se trata de una connotación y calificación vinculada a la cooperación en el combate al crimen organizado, el blanqueo de capitales, la adopción de medidas efectivas contra la corrupción, la transparencia y, además, a los grados de inversión.
Han sido años de permanencia en estas listas y se percibe que, por mucho esfuerzo que se haga, no ha sido suficiente para salir de ellas. Si bien es cierto que esto no impide el desarrollo del país, sí tiene efectos en las inversiones y en la política financiera nacional.
Todavía recuerdo la algarabía que formó el ministro de Economía y Finanzas del gobierno pasado, Héctor Alexander, al anunciar que “pronto la Unión Europea” retiraría al país de la lista gris, tras supuestos avances en el combate a la corrupción y conversaciones sostenidas con Francia y España, cuyos gobiernos se habrían comprometido a solicitar ante el Consejo Económico Europeo dicha exclusión. Terminó el gobierno y nada cambió.
Por otro lado, el actual ministro de Economía, Felipe Chapman, luego del viaje que realizó junto al presidente a varios países europeos, incluida Francia, anunció que el país estaba muy cerca de salir de la lista gris, gracias a los grandes esfuerzos del gobierno de Mulino en materia económica, diplomática y de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la situación no ha variado, ya que la Unión Europea mantiene al país en la lista negra de paraísos fiscales, según informes periodísticos y del Foro Económico Mundial.
En realidad, los economistas del país —tanto los que apoyan al gobierno como los que no— tienen una gran responsabilidad en analizar este tema y explicar a la ciudadanía las razones por las cuales, en materia de listas, el país parece transitar de una a otra. Si no es la Unión Europea, es el GAFI u otros organismos que incluyen a Panamá en esos señalamientos.
De igual forma, los gremios económicos, que tanto se benefician de las políticas gubernamentales, deben abordar este asunto con la suficiente seriedad y responsabilidad, y apoyar la ejecución de las medidas necesarias para revertir esta situación.
