La línea delgada entre la protesta y el vandalismo

La ley 406 de 20 de octubre de 2023, ha desencadenado todo tipo de descontento, por la forma en que la misma fue aprobada y por los roles que jugaron el órgano Ejecutivo y el órgano Legislativo respectivamente.

La reacción de la sociedad de todos los niveles sociales, responder con protestas en las calles desde el lunes siguiente a su promulgación en Gaceta Oficial y no se han detenido.

La aparición del presidente para contener la presión ciudadana se hizo por medio de 3 anuncios públicos que no sirvieron de nada, y donde dejó entrever que no recularía.

Todo esto, siguió agudizando el malestar ciudadano generando que se amplie el rechazo de la población, trayendo consigo la muerte de unos profesores que en manos de un catedrático de derecho perdieran la vida.

Somos conscientes de la existencia del derecho a protestar, y de esa manera demostrar nuestra oposición a las medidas gubernamentales realizadas. Pero también somos conscientes, de la existencia del derecho a respetar la propiedad privada.

Hemos visto, como las personas han confundido una cosa con la otra, piensan que el protestar y destruir los bienes públicos y la propiedad privada está permitido, lo cual no es así.

Existe una máxima en derecho que me permito parafrasear “el derecho suyo termina cuando empieza el mío”, y nadie puede discutir eso.

En la calle se han ubicado personas, cuya agenda no es la protesta sino el vandalismo y sembrar el caos, lo que da pie para que intervengan los estamentos de seguridad que tienen el respaldo legal para mantener el orden público y la seguridad, evitando que esto se salga de las manos.

La omisión de la policía puede tener consecuencias legales, por no hacer lo que se debe hacer, y enfrentar las acciones de vandalismo que se están desarrollado y que no tienen nada que ver con la protesta ciudadana.

Resulta lamentable que las personas confundan el derecho a protesta con los actos delictivos desarrollados por otras personas que tienen agendas oscuras, diferentes a las ejercidas por la población panameña.