Cuando el presidente José Raúl Mulino insistía en la aprobación del Proyecto de Ley 163, antes del 31 de diciembre (prácticamente inmediata y sin mucho revisar), fuimos enfáticos en el peligro existente.
Se dijo que las reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social (CSS) eran para salvar el sistema financiero nacional. Muchos sospechábamos por dónde cojeaban quienes mal gobiernan, para imponer una estructura destructiva para la población trabajadora.
La Ley impone sacrificio a los trabajadores, pero excluye a morosos y desfalcadores de la CSS.
En las exposiciones, en la Asamblea, no hubo defensa a ese mamotreto presentado por el Ejecutivo y votado, quizás sin razonamiento lógico, sin sensibilidad humana y mucho menos económica, por 48 diputados, de los cuales hoy hay arrepentidos.
Quienes gobiernan nos quieren imponer por la fuerza de la policía confianza en el presunto buen actuar del mandatario, quien con soberbia y posible apoyo de quienes aplican la justicia busca mecanismos para atemorizar a la población, investigando, acusando, arrestando a dirigentes y dividiendo por sectores, pero, como nos enseñó Omar Torrijos, se recogió la bandera, se le dio el beso y se mantiene firme y ondeando.
Quienes gobiernan quieren crear confianza en la población, pero: ¿Qué confianza puede tener un individuo amordazado, colgado, con una soga en el cuello y debajo un lago de lagartos? Eso es lo que espera a esta población si la Ley se mantiene en vigencia.
Señores diputados, tengan presente que la solidaridad, como la buena gobernanza, se refieren fundamentalmente a los Derechos Humanos, situación que no se percibe de ustedes, no se lee ni se siente de la Ley 462, muy por el contrario.
Diputados: tienen el balón en sus manos. Es su determinación si lo patean contra la población y permiten al sistema financiero destruir la CSS, para llevar a los panameños a un estado de indefensión, indiferencia y menesterosidad.