Las últimas decisiones en materia penal son nefastas para la credibilidad en el sistema de administración de justicia, por parte de la ciudadanía.
Por un lado, el 28 de junio pasado se dio a conocer la decisión de la jueza segunda Liquidadora de Causas Penales de absolver a 28 personas en los casos Lava Jato y Panama Papers por el delito de blanqueo de capitales. En el primer caso se consideró que no se pudo probar el ingreso al sistema financiero panameño, de dinero de fuentes ilícitas procedentes de Brasil, para ocultar o encubrir las consecuencias jurídicas del delito precedente. En el segundo caso, se consideró que las pruebas aportadas que provenían de los servidores electrónicos de la firma forense Mossack Fonseca no cumplieron con la cadena de custodia, a pesar del escándalo internacional derivado de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en el 2016, basada en la filtración de millones de documentos de este despacho donde estaban involucrados personalidades de todo el mundo que ocultraron bienes y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero a través de la constitución de sociedades a través de este bufete. Fracaso de nuestro sistema judicial en no lograr condena a los culpables.
De otra parte, el Procurador General de la Nación, procede arbitrariamente a la destitución de dos Fiscales que desarrollaron investigaciones contra personajes que lideran el nuevo gobierno o con mucha influencia en el mismo. Se trata de Zuleika More, que logró condena de Ricardo Martinelli por más de 10 años de prisión; y de Adecio Mojica que investigó el caso de los radares por el cual estuvo en prisión el actual Mandatario y que instruyó también el caso Odebrecht por el cual son investigados los hijos de Martinelli.
Coincidimos con Comunicado de la Alianza Ciudadana Pro Justicia (29/6/24) de que estas decisiones del Ministerio Público crean “un clima de intimidación e incertidumbre que puede paralizar el desarrollo en derecho de los procesos por casos de corrupción de alto perfil, desestabilizando la capacidad operativa del Ministerio Público para llevar adelante investigaciones del crimen organizado, abriendo la puerta a la máxima impunidad que este país haya tenido en la era democrática, en obvio detrimento de la administración de justicia y el respeto a la institucionalidad que clama el pueblo panameño”.
¿Dónde quedan la independencia e imparcialidad de la administración de justicia panameña?
