Estas elecciones generales han sido caracterizadas por una serie de inconsistencias que dejan entrever un retroceso en un proceso que debe ser transparente.
Hemos tenido un inapropiado proceso de inhabilitación de un candidato presidencial, una acción de inconstitucionalidad contra el suplente del candidato inhabilitado, y una Corte Suprema de Justicia que terminará dando la última palabra en esta receta para la elección de un presidente.
En este último caso, la decisión de nuestra máxima corporación de justicia marcará un funesto precedente legal en un proceso que es constitucionalmente exclusivo del Tribunal Electoral.
Debido a que terminaría el poder judicial determinando quien puede o no correr para presidente, comprometiendo con ello, derechos humanos de los aspirantes al solio presidencial, y los daños colaterales de los ciudadanos que se les impide poder elegir a un candidato de su predilección.
¿Qué ha desencadenado toda esta vorágine de acontecimientos en estas elecciones? Esta pregunta es la que nos hacemos, cuando en otras épocas, lo que estamos viendo era inimaginable.
Lo cierto es que el desarrollo de todo el proceso electoral que culmina con la proclamación del presidente número 39 de la República de Panamá, debería desarrollarse sin mayores dificultades que impacten en la credibilidad de los resultados electorales.
Hay campañas que han visto la necesidad de recurrir a acciones temerarias para descompresionar a candidatos y con ello, mantener una constante en las encuestas de opinión y pretender sacar del camino a cualquiera que pudiera hacerle sombra al momento del torneo.
Esto ha colocado a la Corte entre la espada y la pared, pues los obliga a tener que pronunciarse velozmente, que no es una práctica usual en ella, haciéndola participe de actos peligrosos que podrían comprometer la democracia.
Ya hubo un pronunciamiento del procurador general de la Nación, que se refirió en su vista fiscal, sobre la candidatura cuestionada por medio de una acción de inconstitucionalidad, en la cual sostiene que no transgrede preceptos constitucionales, dejando clara que la candidatura es legítima.
Por su parte, el magistrado ponente solicitó los estatutos y acuerdos de los partidos políticos que permitieron la postulación del candidato cuya candidatura es señalada de inconstitucional, con el fin de corroborar que se siguieron los pasos legales para tal fin.
Faltan días para la impresión de las papeletas y aún se esta en la disyuntiva si aparecerán todos los candidatos presidenciales en ella, o se dará un ligero toque a la democracia.
