Después de 20 años de vigencia, las virtudes y los resultados prometidos se pierden en una nebulosa de inconsistencias y fracasos. Por confesión de quienes han estado al frente de la oficina y de la institución con la responsabilidad de vigilar el comportamiento de los responsables de ejecutar las obras a los niveles locales, por el trasmano y el manejo de los fondos que, si no se han esfumado, todavía en múltiples casos se sigue investigando a dónde o en manos de quienes terminaron.
Si se trata de buscar otro caso de fraccionamiento de la administración pública, comparable al nuestro, de salida, es fácil acertar al decir que no tiene paralelo. Las diez provincias y las comarcas están divididas en más de 70 municipios y estos en más de 700 corregimientos. Cada uno de ellos es una pequeña republiquita, encabezada por sus respectivos regentes, con locales, autos y la correspondiente planilla de su libre nombramiento.
Seguir defendiendo que ese modelo servirá para que en las comunidades se atiendan y resuelvan las demandas locales, después de sus comprobados y fallidos resultados, solo puede explicarse como la perpetuación del nefasto clientelismo político.
La solución no está en seguir manteniendo ese caduco modelo de gestión que, objetivamente analizado es inconstitucional, por cuanto viola los artículos 252 y siguientes de la Constitución. Específicamente, el artículo 255 dice que es función de los Consejos Provinciales “Preparar cada año, para la consideración del Órgano Ejecutivo, el plan de obras públicas, de inversiones y de servicios de la Provincia y fiscalizar su ejecución.”
¿Por qué ante tan claro mandato constitucional se lo sigue violando y se sigue fomentando la parcelación hasta el infinito de la Administración Pública, cuando el fracaso de esa vía es cada día más evidente? La respuesta la sabemos: para satisfaces intereses creados, perpetuando el clientelismo político con fines electorales. Así de simple y así de claro.
