La descentralización en Panamá: ¿Poder para el pueblo o chequera política?

La descentralización, en su concepción más pura, promete acercar el Estado al ciudadano para que las soluciones nazcan precisamente donde residen los problemas. Sin embargo, en la realidad panameña, este proceso se ha convertido en una quimera: una ilusión jurídica que, bajo el velo de la “autonomía local”, esconde un sistema de asignación irracional y un profundo déficit democrático.

El primer gran contrasentido de nuestro modelo radica en la desconexión total entre demografía y presupuesto. La normativa actual permite la creación indiscriminada de corregimientos sin exigir parámetros mínimos de población, densidad o crecimiento. Esto ha generado una distorsión matemática perversa: corregimientos con apenas unos cientos de habitantes reciben fondos fijos que, en proporción, superan con creces lo asignado a zonas con decenas de miles de residentes.

Esta “fábrica de corregimientos” no responde a una necesidad real de servicios, sino a un cálculo político que atomiza el recurso público para alimentar estructuras partidarias.Pero el problema no radica solo en cuánto se reparte, sino en quién decide cómo se gasta. Seamos claros: la descentralización que deja en manos de un representante y su junta comunal la priorización de las necesidades, sin que el pueblo tenga voz vinculante, no es descentralización real; es, simple y llanamente, una mera transferencia de dinero.

Cuando el funcionario decide a puerta cerrada, el proceso pierde su esencia democrática y se transforma en un simple traslado de fondos sin transferencia real de poder al ciudadano. Si la comunidad no puede priorizar de forma vinculante sus urgencias —agua, aceras, salud, deporte, recreación, seguridad— por encima de los caprichos estéticos o los intereses electorales del político de turno, entonces estamos ante la descentralización del clientelismo.

Convocar a la comunidad solo para preguntar si está de acuerdo con un proyecto ya definido, o para elegir entre opciones preconcebidas por un círculo cercano, no constituye participación ciudadana genuina. Es, en el mejor de los casos, una reunión informativa; en el peor, un simulacro de consulta.

De esta forma, el político deja de ser un administrador público para convertirse en el “dueño del fondo”, perpetuando un modelo paternalista en el que el ciudadano permanece como un espectador pasivo mientras sus impuestos se diluyen. Para que la descentralización deje de ser un eslogan vacío, es imperativo reformar los criterios de asignación de recursos y devolverle al ciudadano su rol protagónico.

Sin una participación comunitaria real, con carácter vinculante, y sin una auditoría social efectiva, este mecanismo seguirá siendo altamente eficiente para mover billetes, pero completamente estéril para generar bienestar verdadero.Panamá merece un debate serio y profundo sobre estas deficiencias. A menos que nos conformemos con la descentralización “a la panameña”, ha llegado el momento de abrir este tema sin reservas.

Egresado del Programa de Gerencia de la Descentralización y Municipalismo del INCAE