• lunes 16 de noviembre de 2026 - 12:00 AM

Jurisdicción de Cuentas: Avances y desafíos

La jurisdicción de cuentas es esencial para proteger el patrimonio público panameño. Su fundamento está en el artículo 281 de la Constitución Política, incorporado mediante las reformas de 2004, y desarrollado por la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que organizó el Tribunal de Cuentas y creó la Fiscalía General de Cuentas.

A casi dieciocho años de la aprobación de esta ley, Panamá cuenta con una jurisdicción especializada para determinar la responsabilidad patrimonial por irregularidades en el manejo de fondos y bienes públicos. Entre sus avances destaca la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, así como un procedimiento dirigido a esclarecer los hechos, establecer las lesiones patrimoniales y procurar el resarcimiento al Estado.

Persisten, no obstante, desafíos: agilizar los procesos, fortalecer la coordinación institucional, aprovechar herramientas tecnológicas, mejorar la calidad y oportunidad de los informes de auditoría y asegurar la ejecución de las decisiones. La rendición de cuentas debe ser oportuna y la recuperación de los recursos públicos, una prioridad.

Este propósito exige respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Un informe de reparo o una investigación no equivalen a una declaración de responsabilidad. Este solo puede establecerse mediante decisión fundada, garantizando la defensa, la contradicción y la valoración de las pruebas.

El futuro de esta jurisdicción dependerá de su independencia, transparencia, eficiencia y capacidad de responder a la ciudadanía. Proteger los recursos públicos significa juzgar con rigor, imparcialidad y respeto a la ley.