Idoneidad para comunicar desde el gobierno

En las últimas semanas ha surgido un debate candente entre dos gremios que tradicionalmente hemos trabajado en conjunto: los relacionistas públicos y los periodistas.

La polémica gira en torno a la exigencia de idoneidad para ocupar cargos de directores y subdirectores en las oficinas de comunicación del gobierno. Este debate no solo resalta la competencia por estos puestos, sino que también pone en evidencia la realidad de un gremio periodístico que ha tenido que adaptarse a un entorno donde la especialización ha cedido terreno a la versatilidad.

Desde que la Ley 67 del 19 de septiembre de 1978, que establecía la idoneidad para los periodistas, fue derogada en junio de 2005, el periodismo en Panamá ha vivido un proceso de transformación. Los periodistas hemos aprendido a hacer de todo: desde reportar noticias hasta gestionar relaciones públicas, redactar discursos y manejar crisis comunicacionales.

Esta versatilidad, aunque ha enriquecido nuestras capacidades, también ha generado un entorno donde las fronteras entre las distintas ramas de la comunicación se han vuelto difusas. Hoy, sin una ley que respalde la idoneidad de los periodistas, se nos exige competir en igualdad de condiciones con profesionales de las relaciones públicas y otras áreas de la comunicación. Sin embargo, esta competencia no siempre es equitativa.

Mientras que los relacionistas públicos argumentan que su formación en comunicación estratégica y manejo de imagen institucional los hace aptos para estos cargos, los periodistas defendemos que nuestra experiencia en la gestión de la información pública, la ética periodística y la responsabilidad social nos brinda una perspectiva única e indispensable en el manejo de la comunicación gubernamental.

La situación se complica aún más cuando se considera que, en Panamá, la comunicación gubernamental no solo trata de crear narrativas positivas, sino también de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. En un contexto donde la confianza en las instituciones está en declive, es crucial que quienes manejan la comunicación oficial comprendan la importancia de la verdad y la claridad en la información que se ofrece al público.

La falta de idoneidad nos deja a los periodistas en una posición vulnerable, donde a pesar de nuestra experiencia y habilidades, no contamos con un marco legal que respalde nuestro acceso a estos puestos. Esto ha abierto la puerta a que profesionales de otras áreas ocupen roles que, tradicionalmente, han sido de los periodistas.

En lugar de enfrentar a periodistas contra relacionistas públicos, Panamá necesita una conversación seria sobre la verdadera función de la comunicación en el gobierno.

Es imperativo que se reconozca el valor de la formación y experiencia periodística en estos cargos, y que se establezcan criterios claros que aseguren que quienes asumen estos roles estén realmente capacitados para hacerlo.

El debate sobre la idoneidad no debería ser una lucha de poder entre gremios, sino una oportunidad para mejorar la calidad de la comunicación gubernamental en Panamá.

La mayoría de los periodistas serios en este país hemos demostrado nuestra capacidad para adaptarnos y aprender nuevas habilidades, pero también es necesario que se reconozca nuestra labor en la salvaguarda de la información pública y la transparencia. Sin un marco que respalde estas competencias, corremos el riesgo de que la comunicación gubernamental se convierta en una mera herramienta de propaganda, perdiendo su verdadero propósito: informar y servir a la ciudadanía. El autor es periodista, especialista en análisis de datos.