El subsidio electoral, en su momento, vino a compensar una necesidad de equidad en un periodo político donde el poder económico imponía sus condiciones. La marcada tendencia a la derecha, producto del concepto de un país dolarizado, hacía necesario un equilibrio para evitar un axioma cada vez más recurrente: ‘si no tienes plata, no puedes participar en política’.
A partir de esta premisa, se legisló para que, a través de un subsidio con recursos públicos se blindara el proceso interno de los partidos políticos, con el objetivo de fortalecer la democracia frente al avance de la plutocracia. Para aquel entonces, los colectivos legalmente constituidos eran los únicos vehículos para aspirar a un cargo de elección popular en Panamá.
Años después, lo que fue creado para proteger el proceso democrático, terminó siendo la forma de vivir de aquellos políticos de profesión que fracasaron y nunca volvieron a ganar, con lo que encontraron un ‘cuartel del invierno’ para seguir viviendo de la política, a través del erario.
Hoy día, para sacar a los directivos enquistados en el poder de un partido político en Panamá, lo primero que hay que comprender es que, para algunos, la presidencia de un colectivo representa su forma de vida y de cómo compensar los recursos dejados de percibir, luego del declive de una carrera política.
Esta es la forma como muchas veces logran acceder a un espacio en la mesa de decisiones del país, en determinados momentos de crisis política. Es por esto, que se la pasan en medios de comunicación o a través de las redes sociales, planteando la necesidad de convocar a diálogos para la toma de cada decisión que le corresponde al Estado.
Si hoy día, existen métodos para la participación política de libre postulación a través de la recolección de firmas, por qué seguimos invirtiendo cientos de millones de dólares para financiar a mantenidos políticos, que han encontrado en el subsidio electoral su sustento y la excusa perfecta para no trabajar más.
Periodista
