Mientras un grupo de docentes del sistema oficial está en las calles exigiendo que el Gobierno derogue la nueva ley de la Caja de Seguro Social —especialmente lo relacionado con el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que ya viene en rojo desde hace algunas administraciones—, los padres de familia con hijos en planteles privados comienzan a recibir invitaciones para reuniones informativas sobre los nuevos costos de matrícula y mensualidades para el año 2026.
El Meduca ha reiterado que no tiene competencia para frenar estos aumentos, ya que los planteles privados operan como empresas. Lo que sí se repite es que, cada vez que le corresponde al Ejecutivo definir el nuevo salario mínimo —porque la comisión de empresarios y dirigentes obreros no logra acuerdos, pese a las giras por todo el país.
En 2026 corresponde una nueva revisión. Las partes pueden decidir mantener el salario mínimo como está o incrementarlo, según las condiciones económicas del país. Hay dirigentes que llevan varios quinquenios sentados en esa mesa, que se instala cada dos años, y siempre arrancan con propuestas tan altas que no generan consenso.
Volviendo al tema de las escuelas, el proceso de ajuste de tarifas ya está en marcha, y los acudientes tendrán que enfrentar estos aumentos, sí o sí.
