Ya el Presidente estadounidense lo había dicho el 13 de marzo a la cadena NBC, que estaría preparando tomar el control del Canal a través del Departamento de Defensa, con la “coordinación del gobierno panameño” o por la fuerza. Ahora dio un gran paso en la dirección anunciada, pero con el beneplácito del Presidente panameño, al lograr un Memorándum de Entendimiento para el retorno de bases militares a nuestro suelo, a menos de un mes de esas declaraciones.
En ocasión de la visita de Pete Hegseth, Secretario de Defensa de los E.U. a Panamá, en días pasados, se produce una Declaración conjunta (8/4/25), con su firma y la del primer mandatario panameño, en la cual se otorga paso expedito y libre de peajes a los buques de guerra y auxiliares de EU por el Canal (“first and free”), aunque el Ministro del Canal quiera enmascarar este hecho hablando de un “costo neutro” o mecanismo de compensación, que aún no se define.
En Memorándum de Entendimiento, suscrito por el Ministro de Seguridad panameño y el Secretario de Defensa estadounidense (9/4/25), se pacta la utilización por parte de EU, de áreas para realizar entrenamiento militar y “cualesquiera actividades de otro tipo”, permitiéndosele acceso libre a personal norteamericano y contratistas de EU, sin costo alguno. El personal norteamericano y las propiedades (vehículos, naves y aeronaves) estarán bajo control de EU. El período de vigencia de este acuerdo es por 3 años, prorrogables por períodos sucesivos de 3 años. Se trata de un real retorno de bases militares en Sherman, Howard, Rodman y otros sitios.
Es lamentable corroborar que en torno a estos acuerdos ha habido falta de transparencia y lenguaje engañoso por parte del gobierno nacional; y ni hablar de la divergencia en las versiones en español e inglés de la Declaración Conjunta (¡qué casualidad que el reconocimiento de nuestra soberanía “irrenunciable” por parte del Secretario de Defensa norteamericano se omite en la versión en inglés!).
Lo pactado viola abiertamente el Tratado de Neutralidad, que señala que la defensa del Canal compete a la República de Panamá y que debe respetarse el principio de igualdad en el cobro de peajes; transgrede también la Constitución que obliga a consulta popular, cuando se trate de enmienda a Tratado del Canal.
La población panameña está profundamente indignada por la traición a la memoria de los mártires y la venta del país.
