Eso es institucionalidad

Cuando una licitación pública es revisada por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y confirmada por la Corte Suprema de Justicia, el debate deja de ser político y pasa a ser jurídico; y en un Estado de derecho las decisiones judiciales se respetan.

Como Secretaria General del PRD, cargo que asumí el 27 de enero de 2026, tengo la responsabilidad de hablar con claridad cuando surgen dudas ante la opinión pública.

El contrato al que se ha hecho referencia en la Comisión de Presupuesto, el 10 de febrero de 2026, fue producto de una licitación pública iniciada en 2017, en un gobierno distinto al partido de mi afiliación. Fue un proceso abierto y competitivo; la adjudicación fue impugnada por otra empresa, como permite la ley. El caso fue revisado por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia.

En 2019, la Corte Suprema confirmó la legalidad del acto administrativo, dejando el contrato en firme; y el documento ya en la Institución fue suscrito por el director que en ese momento ejercía el cargo competente. Desde 2024, ese mismo funcionario ocupa nuevamente esa posición y es quien hoy sustenta el pago del servicio correspondiente en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, información que consta en los registros administrativos. Eso significa que hubo licitación con diferentes empresas compitiendo, luego hubo impugnación y después una revisión judicial. Finalmente, se dio un fallo definitivo.

Aquí no se trata de designaciones a dedo, ni contratos ocultos; se dio el debido proceso, sometido a derecho y una decisión judicial clara.

Entiendo que, por mi condición pública, el tema genere interés; pero la legalidad no depende de apellidos ni de afiliaciones políticas; depende de la ley y de las instituciones.

Las instituciones del Estado son continuas; cuando existe una obligación reconocida conforme a derecho, como en efecto las hay, corresponde cumplirla. Esa es también una responsabilidad, se llama institucionalidad, sustentada en documentos oficiales que hablan; fallos definitivos que están ejecutoriados y las responsabilidades son claras.

Se trata de institucionalidad y no de una opinión ni de una interpretación interesada. La institucionalidad se respeta, sin negociarse.

Ex candidata presidencial