Siempre he sostenido que mientras quienes están en la esfera del Gobierno —aliados, círculos cercanos, amistades y familiares— no perciban los problemas, los ciudadanos comunes enfrentamos a diario una realidad distinta: una lucha constante que exige resistencia, estoicismo y, muchas veces, fe. Esa fe que se refleja cuando, al salir de casa, muchos se persignan, incluso quienes antes rechazaban cualquier creencia religiosa.
No es para menos. Basta observar los hechos cotidianos: asesinatos, robos, lesiones, decomisos de drogas, amenazas en escuelas públicas y hasta anuncios de tiroteos. Todo esto alimenta un clima de zozobra permanente. Surgen entonces dudas legítimas: ¿les preocupa realmente a quienes están “arriba” lo que ocurre “abajo”? ¿Alguien se atreve a transmitir esta realidad al Presidente o al ministro de Seguridad en los informes semanales? Cuesta creerlo.
La población tampoco entiende ciertas decisiones operativas. En zonas catalogadas como “rojas”, los retenes policiales suelen instalarse a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde, pero desaparecen en horas críticas de la noche. Señor ministro, responda usted: la estrategia de seguridad no puede delegarse cuando está en juego la tranquilidad ciudadana.
En los colegios públicos, docentes y administrativos trabajan con temor ante la presencia de pandillas que incluso dejan mensajes en clave en paredes y tableros. La Policía de Menores y las autoridades educativas parecen ausentes.
Tampoco se comprende por qué, si se conocen perfiles delictivos, muchos agentes ignoran a sospechosos evidentes. La ley permite solicitar identificación; no hacerlo genera desconfianza. Mientras tanto, abundan altos mandos con buenos salarios en oficinas, lejos de la realidad en las calles.
Una encuesta independiente bastaría para evidenciar lo que el pueblo siente. Es hora de que los de arriba asuman, con seriedad, la inseguridad que vive el país.
Tampoco se comprende por qué, si se conocen perfiles delictivos, muchos agentes ignoran a sospechosos evidentes.
