Desde el periodo pasado, la entonces bancada independiente acostumbró a la población panameña al cuestionamiento incisivo de los funcionarios públicos que acuden a la Asamblea Nacional de Diputados para la ratificación de nombramientos, sustentación de presupuestos, traslados de partidas o citaciones puntuales sobre temas de interés nacional. Con un mayor número de diputados en este periodo, el movimiento Vamos logró integrar todas las comisiones del hemiciclo, al punto de normalizar lo que, en principio, debería ser una de las principales funciones del primer órgano del Estado: fiscalizar.
La pregunta obligada es qué se hacía antes en la Asamblea Nacional. Lo más común eran denuncias en tono bravucón para llamar la atención o presionar al oficialismo a ceder y negociar, muchas veces a cambio del silencio cómplice o de pasar la página. No extraña, entonces, la evidente incomodidad de algunos sectores de la política tradicional que califican esta fiscalización incisiva como irreverente o irrespetuosa, como si cuestionar estuviera mal, cuando precisamente constituye lo correcto y normal en un Estado democrático de derecho.
Cuestionar a un funcionario por excesos administrativos, elevados salarios a personal no calificado, parentescos, nepotismo, despilfarro, desidia administrativa o gastos abultados sin justificación parece causar ronchas entre ministros y directores de instituciones. Algunos evidencian abiertamente su malestar, obligando incluso a diputados oficialistas y aliados a exponerse frente a la población para salvar caras y matizar lo que debería asumirse como un ejercicio constitucional y democrático.
Para nadie resulta ajena la forma como se han comportado muchos diputados durante los últimos años. Entre argucias y un irrespetuoso cinismo, han convertido demasiadas veces al primer órgano del Estado en un verdadero circo de banalidades e intereses particulares.
Cuando muchos pensábamos que la Asamblea Nacional comenzaba una etapa de relevo, renovación y nueva semilla, aparecen las reformas al Código Electoral que regirá las elecciones de mayo del 2029, amenazando con desmantelar los avances relacionados con la libre postulación.
Fiscalizar no debería ser la excepción ni una irreverencia. Es, sencillamente, el deber ser.
