¿Dónde quedó la solidaridad en la reforma de la CSS?

La solidaridad es el principio rector en todo sistema de seguridad social, desde sus inicios en el siglo XIX hasta la actualidad, que supone una solidaridad de grupos de ingreso e intergeneracional, materializada en una institución pública, superando la caridad voluntaria, el mutualismo de las primeras asociaciones obreras, la asistencia social y el seguro privado.

Nos dicen Nora Marasco y Miguel Fernández: “En la práctica, la solidaridad social se manifiesta como el sacrificio o esfuerzo de los jóvenes respecto a los mayores, de los sanos frente a los enfermos, de los ocupados ante quienes carecen de empleo, de quienes continúan con vida frente a los familiares de los fallecidos, de quienes no tienen carga familiar frente a los que sí la tienen. Este esfuerzo debe ser compartido y razonable, no puede ni debe solicitarse un esfuerzo exagerado a quien no se encuentre en capacidad de proveerlo. Y por supuesto, no corresponde poner excusa alguna al momento de brindarle atención oportuna por el hecho de no haber contribuido. Por el contrario, aquel que afortunadamente goza de una ventaja comparativa respecto de sus posibilidades físicas y económicas y con relación a las de su prójimo, se erige como el sostén de la sociedad y representa quien detenta la responsabilidad y la obligación de realizar el mayor esfuerzo” (“La Solidaridad en la Seguridad Social”, CIESS, México, 2009, p. 70).

Resulta, entonces, sorprendente que luego de varias semanas de abordaje de la problemática de la Caja de Seguro Social (CSS), con 11 gremios convocados por la Presidencia, donde 10 de ellos coincidieron en proponer retorno al sistema solidario, se haya privilegiado la propuesta de uno de ellos (sector empresarial), en el Proyecto de Ley 163, que modificaría la Ley 51 de 2005 de la CSS, recién presentado por el Ejecutivo a la Asamblea.

Se trata del sistema de cuentas individuales al cual se le ha dado el nombre de “sistema único de capitalización solidaria”, que eliminaría los subsistemas de beneficio definido y mixto vigentes, cuyo fondo de reservas estaría sujeto a la capitalización privada, fundamentalmente en el extranjero, si así lo dispusiera el Director General. Todo esto, a pesar de que el Presidente remarcó que no habría privatización.

Ya la OIT viene señalando desde 2018 que las experiencias de cuentas individuales en la región resultaron ser estrategias fallidas al promover pensiones de hambre y beneficios exclusivos a las administradoras privadas de los fondos. ¿Queremos esto para Panamá?