• martes 17 de noviembre de 2026 - 12:00 AM

Crisis penitenciaria

Nuestro sistema penitenciario sufre una grave crisis, percibida por la ciudadanía, sobre todo, a raíz de la fuga masiva de 195 reos de La Joyita, a mediados de año. Así como también, agudizada por la habilitación carcelaria de Coiba, cuando la isla es Parque Nacional y Patrimonio Mundial Natural.

Ante el rechazo en la opinión pública, el gobierno respondió con anunciar la construcción de 3 nuevos centros penitenciarios y nombrar a un nuevo Director del Sistema, Chanan Singh, que ahora renuncia, denunciando el incumplimiento de la Ley 55 de 2003, que reorganiza el sistema penitenciario, por la permanencia de la Policía Nacional a lo interno de los centros; la existencia de detenidos sin clasificar en sector C de La Joya -donde él no tenía acceso-; así como los negociados en el traslado de los reclusos.

Por su lado, 27 organizaciones de derechos humanos, condenaron, últimamente, el fallecimiento de al menos 10 privados de libertad en los últimos 2 meses a consecuencia de “hambruna provocada y falta de atención médica oportunas”, exigiendo separación del Director General y directores de los centros de Nueva Esperanza, La Joya y La Joyita; y también explicaciones a la Ministra de Gobierno, por los fallecidos y medidas de urgencia para afrontar la situación. Estas circunstancias han sido corroboradas, asimismo, por la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Panameña.

Se trata de problemas de seguridad en los penales, de corrupción, falta de clasificación de los privados de libertad, condiciones deplorables en su alimentación y salud, pero también de hacinamiento excesivo, con 24,915 detenidos, cuando la capacidad carcelaria es de 14,695 personas.

El Ministro de Seguridad ha minimizado la problemática afirmando que el exdirector “descubrió que el agua moja”. Y la Ministra de Gobierno ha anunciado querellas penales, auditorías y la creación de un “Centro Nacional de Operaciones Penitenciarias”, pero sin activar el Consejo de Política Penitenciaria, que tiene participación de la sociedad civil.

La Ley 55 de 2003 es clara en cuanto a que la Policía tiene a su cargo la seguridad externa de los penales; y los custodios -sujetos a una carrera penitenciaria- son los encargados de la seguridad interna de los mismos. Dicha Ley acoge las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que garantiza el respeto de la dignidad de los privados de libertad y su reinserción social, y las mismas deben ser respetadas integralmente por nuestro país.