Por los resultados de algunas circunscripciones electorales, a nivel de diputaciones, que están siendo desafiados con impugnaciones, todo indica que las decisiones finales podrían tardar y algunos “analistas”, que afirman saber de esos temas, aseguran que no deben esperarse sino para una fecha posterior al 1 de julio, en la que deberá instalarse la nueva Asamblea.
Adicionalmente, se ha esparcido la acusación de que los y las impugnantes, primero, no tienen razón para desafiar los resultados y, segundo, que con sus acciones lo que persiguen es que la nueva asamblea no cuente con la totalidad de los 71 diputados y por esa vía, restar representantes a la bancada individualmente mayoritaria y así disminuirle las posibilidades de hacerse con la presidencia de la asamblea.
No conozco las razones y las pruebas precisas, y creo que tampoco las conocen “esos analistas”, que puedan haber invocado los impugnantes, me abstendré de juzgarlas; pero si recalco que todo candidato o candidata que considere que tiene razones para impugnar el resultado de una elección, si decide hacerlo, solo está ejerciendo un derecho que le reconoce la legislación electoral que, además, puede resultarle considerable oneroso, por las fianzas (25,000, en los casos de diputados) que deben consignar para habilitarse como demandantes.
Aventurada y hasta temeraria me parece la afirmación de que las impugnaciones son la punta de lanza de una conspiración urdida desde la coalición ganadora de las presidenciales, con las otras fuerzas que contendieron el pasado 5 de mayo, para cortar a la bancada de Vamos, sus posibilidades de que de sus filas salga el próximo presidente o presidenta de la asamblea.
Por la coincidencia que han expresado públicamente, tanto el presidente electo como los líderes de la bancada mayoritaria de Vamos, de trabajar orientados solamente por su propósito de servir a los mejores intereses nacionales, que el presidente o presidenta de la asamblea salga de cualquiera de las dos corrientes, objetivamente, debe saludarse como un desenlace positivo.
Nuestro sistema electoral es de mayorías relativas. Gana la presidencia el candidato que recibe la mayor cantidad de votos. Si se trasladara esa máxima a la asamblea, la presidencia, por lo menos la primera, debiera corresponderle a la bancada mayoritaria. Si se siguiera esa lógica, auténticamente salomónica, se acabarían las especulaciones y ganaría el país, que es lo que verdaderamente importa.
