Que en Bocas del Toro se hayan perdido de un plumazo 7 mil empleos directos y colateralmente otros 14 mil más, no puede ser responsabilidad de una sola persona, ya que estamos hablando de una provincia con grandes recursos y enorme potencial, pero que se encuentra sumergida en la pobreza y en un sinfín de problemas sociales.
Hoy se habla de feudalismo y de gamonales que mantienen la miseria de Bocas del Toro para efectos de un lucrativo negocio para unos cuantos, pero lo cierto es que la única forma de que esto haya llegado tan lejos, se debe a la desatención y al abandono del Estado a esta región del país. La corrupción no nace como una iniciativa propia, sino de un conjunto de personas y organizaciones enquistadas en el poder que acceden y se coordinan para concretar este malvado, ruin y perverso acto delictivo.
En esta crisis social y política que enfrenta el país por el tema de la reforma a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, se atrincheraron, no solo los gremios, sindicatos y grupos de presión social, sino también los grupos indígenas, específicamente, en las provincias de Bocas del Toro y Darién, las dos regiones más abandonadas. No había que ser un genio para saber que donde está la desidia presente, es donde se produce el caldo de cultivo para el estallido social.
Panamá se encuentra polarizada política e ideológicamente, entre la izquierda y la derecha, algo que hasta hace poco era impensable, debido a que la gran crítica a la clase política era que carecía, precisamente, de ideología. Hoy la población esta abocada a que el Estado debe resolver todos los problemas y aduce su falta de responsabilidad e incumbencia en los grandes problemas que aquejan al país, ya que los mismos son producidos por el propio gobierno, a través de la corrupción.
En momento en que estamos cerca de tocar fondo, es cuando el gobierno tiene la obligación de plantear un diálogo nacional.
