Catedrales del Olvido: El Renacer de Nuestras Escuelas Vacías

Panamá guarda un tesoro silencioso bajo el óxido y la maleza. Se estima que entre 60 y 100 infraestructuras escolares permanecen vacías. No confundir este escenario con los otros dos grandes retos de nuestra educación: no hablamos de las escuelas activas con estructuras deficientes, ni de las dolorosas escuelas rancho que exigen inversión directa. Se trata de una tercera categoría de inmuebles: edificios que, por el envejecimiento de los barrios o la migración de la población, se quedaron sin niños. Estas estructuras son activos semilla esperando ser transformados en motores de microeconomía.

El caso del antiguo edificio del Colegio Abel Bravo en Colón nos enseña que el reuso es posible. Su rehabilitación demandó una inversión estatal millonaria que no podrá replicarse en cada esquina. Para que el rescate sea masivo y sostenible, el Parlamento y el Ejecutivo deben mirar hacia una Ley de Reuso de Infraestructura Pública que desburocratice y autorice la entrada de municipios, ONG y el sector privado. La meta es convertir este abandono en una fábrica de futuro.

Para sacudir la inercia institucional, la voluntad política debe materializarse en dos pasos técnicos. Primero, levantar un censo nacional de infraestructura vacía que separe estos edificios de la red escolar activa. Segundo, crear una normativa de desburocratización que permita que, si un inmueble ya no es funcional para la educación, sea apto para el desarrollo comercial y comunitario sin los nudos de la administración centralizada.

Dos naciones nos dan luces de cómo transformar el concreto inerte en vida productiva. Japón, ante el cierre de escuelas rurales, legisló para permitir que empresas privadas instalaran allí oficinas tecnológicas o proyectos turísticos. Un caso icónico es la Escuela Primaria de Muroto, convertida en un acuario y centro de investigación que hoy genera empleos locales y se autofinancia. Por su parte, España utiliza el modelo de Escuelas Taller, donde jóvenes aprenden oficios técnicos rehabilitando el propio inmueble. En Aguilar de Campoo, este sistema permitió que desempleados salieran de la informalidad con un oficio certificado, operando hoy sus propias microempresas dentro de los centros que ellos mismos rescataron.

El enfoque es ganar-ganar. Al permitir el reuso, el Estado rescata un bien público que hoy se deprecia y las comunidades, especialmente en áreas rurales donde la informalidad roza el cincuenta por ciento, ganan un núcleo de actividad económica. Una escuela abandonada puede ser el centro de acopio de una cooperativa o una incubadora de empresas urbanas. La Fábrica de Futuro no requiere presupuestos monumentales; requiere una ley que abra la puerta a la participación comunitaria y privada. La oportunidad está ahí, de pie y firme. Solo falta que la voluntad política encienda la luz.