En la vida de la Organización de los Estados Americanos existen dos etapas claramente diferenciadas: antes y después de que a las tradicionales 21 repúblicas americanas se le sumara el resto de los estados caribeños.
Después de la histórica asamblea de Punta del Este, Uruguay, en la que se excluyó a Cuba del “sistema interamericano” y de la pantomima de su readmisión para seguirla considerando como estado miembro, pero que, ante la indiferencia del gobierno castrista, no tuvo ninguna consecuencia, salvo la de mantener la ficción de que todos los estados del continente seguían siéndolos; luego vinieron los retiros de Venezuela y Nicaragua. En síntesis, en la actualidad, la OEA cuenta con 31 estados miembros, activos, que son los que decidirán la elección del reemplazante de Luis Almagro en la reunión del Consejo Permanente el próximo 10 de marzo.
Hasta hace solo unos días, tres países anunciaban candidaturas para la Secretaría General, Paraguay, Surinam y Costa Rica. Panamá, como es conocido, en un despiste de nuestra cancillería, pues Paraguay, ante la evidente falta de apoyos, ya había optado por el desistimiento, acababa de prometerle su respaldo.
Si se contabilizan los apoyos que le han prometido Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Uruguay al candidato de Surinam, Albert Ramdin, actual canciller de su país y ex Secretario General Adjunto (2005-2015), a los votos que en bloque se espera que le aporten el resto de los estados caribeños, su elección parece está más que asegurada.
La OEA tendrá, a partir del 10 de marzo un nuevo Secretario General que, para aclarar confusiones y referencias equivocadas, no es “jefe de la OEA”y no tiene atribuciones políticas ni remotamente similares al Secretario General de las Naciones Unidas. Pero como su elección se producirá cuando la organización acusa los más bajos niveles de inoperancia, cuestionar su conveniencia y oportunidad es absolutamente legítimo.
La OEA tiene dos claras alternativas: o se la reforma sustancialmente o se le extiende el certificado de defunción y se la reemplaza por otra entidad que, en un cónclave al nivel de Jefes de Estado, deberán pactar sus estados miembros. Solo reemplazar a su Secretario General, por intrascendente, no servirá para nada.
