En el 2012, un Informe del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “La Protesta Social en América Latina”, ubicó a Panamá como el país con la mayor conflictividad social per cápita de toda Latinoamérica, registrando 5.5 protestas callejeras por cada 100 mil habitantes (página 145).

Ese año la tasa de desocupación fue de 4.0% y la economía generó 83,057 nuevos empleos, culminando un período de 8 años (2004-2012) en el cual 4 de cada 5 nuevos empleos eran asalariados del sector privado y donde 2 de cada 3 profesionales que nuestras universidades graduaron encontraron trabajo.

La deuda externa en el 2012 era de $10,782.4 millones y el servicio de la deuda totalizó $3,339.70 millones.

A partir de ese momento “decidimos” como país no buscar la paz y justicia social a través de confianza, inversión privada y empleo, sino aumentando el gasto público con plata prestada.

Entre agosto 2012 y octubre 2024 se perdieron 24,174 empleos formales del sector privado, pero agregamos 63,044 funcionarios y 264,153 informales a la economía. Cada trabajador asalariado que perdió su trabajo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales, mientras que sólo 1 de cada 3 nuevos profesionales universitarios encontró empleo.

En el 2024, la deuda externa panameña fue $53,736 millones y el servicio de la deuda totalizó $5,956.53 millones, mientras que para el 2019, el endeudamiento externo era de $24,223 millones, lo que implica que entre el 2019 y 2024, la deuda externa creció en $ 29,513 millones.

Paradójicamente, en esos 5 años, la empresa privada perdió 44,261 empleos, pero agregamos 19,409 servidores públicos y 28,372 informales a la economía. 3 de cada 5 nuevos empleos creados fueron informales y los otros 2 funcionarios.

De los nuevos 19,409 nuevos servidores públicos, 42% fueron Educadores, 26% en Administración Pública y Defensa, 13% personal de Salud y 10% en Suministro de Agua, Gestión de Desechos y Saneamiento.

Con el mayor de los respetos a quienes adversan la Ley 462, plantear que la misma merma las pensiones del pueblo es una “imposibilidad matemática”, ya que desde el 2012 tanto la generación de empleo formal y los mayores aumentos salariales son exclusividad del Estado, con plata prestada. Es imposible buscar culpables y encontrar soluciones a un problema que no entendemos. No tiene nada que ver con “patriotismo”, sino con matemática.

Asesor empresarial