Anati, de nuevo en la cima

Una ley que nació y se divulgó como beneficiosa para hacer justicia a los miles de ciudadanos campesinos de mi país que por tantos años han vivido en condiciones de pobreza, entre otras cosas, por no tener un pedacito de tierra que pudieran hipotecar o arrendar, debido a que no poseían un título de propiedad. Hoy, a partir de la gran cantidad de escándalos publicados en los medios de comunicación social, podemos afirmar que esta Ley 80 para lo único que ha servido, es para hacer más ricos a los ricos y seguir manteniendo a los pobres y miserables en las mismas condiciones y a la espera del favor de algún politiquero que le quiera comprar la conciencia, ofreciéndole conseguir la inscripción.

Es una vergüenza que el Parlamento haya aprobado y promulgado una ley con el subterfugio de ‘ayudar a los pobres’ y que el presidente la haya sancionado cuando esta, a todas luces, rompe con nuestra Constitución Nacional, que prohíbe la titulación de islas, playas, rubieras, fondo de mar y los mantiene como bienes de uso y acceso público.

¿Dónde están los asesores de ambos cuerpos de gobierno? ¿A quiénes responden? ¿Será que estamos gobernados por el demonio y el país no tiene quién le defienda de tanta barbaridad junta en su contra?

Ya está demostrado que este nuevo Frankins State fue creado para que los ricos de ayer y los de hoy se roben las tierras baldías e islas que le quedan al país. De los casi 100 registros inscritos a partir de la creación de la Anati, más del 60% responde a sociedades anónimas; el resto a los apellidos de casta o de altos funcionarios gubernamentales, ministros, viceministros, directores de entidades, asesores ministeriales y exfuncionarios. La pregunta es: ¿Son estos los ‘pobres ricos’ a los que querían beneficiar con la inconstitucional Ley 80?

¡Qué vagabundos sin vergüenzas! La sociedad toda se manifiesta en contra de esta nefasta ley que hará más ricos a los ricos, manteniendo en la pobreza a los de siempre.

¿Será que existe algún abogado que quiera a su patria y demande ante la Corte Suprema de Justicia esta oprobiosa ley que acapara todos los estamentos que interfieren en el proceso de adjudicación de las tierras en el país? Creo que lo único que les falta es tomarse el Registro Público para hacer de las suyas sin ningún tipo de control ni ley.

Hay que ser un desvergonzado para no oponerse a semejante barbaridad.

EL AUTOR ES SECRETARIO GENERAL DE LA CGTP