La Administración de Justicia y la Corrupción en Panamá: Un Oscuro Panorama en el 2023

En el año 2023, Panamá enfrenta una profunda crisis en su sistema de administración de justicia y un flagelo persistente de corrupción que ha permeado los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo del país. Este problema ha llegado a un punto crítico, donde impera la impunidad y no se recuperan pérdidas millonarias.

A pesar de los esfuerzos de algunos sectores de la sociedad, la falta de acciones concretas y la ineficacia de las leyes anticorrupción han permitido que la corrupción se convierta en una práctica común en el país.

Según informes y evaluaciones realizadas, Panamá ha obtenido bajas calificaciones en materia de lucha contra la corrupción. Un estudio de la Evaluación Anticorrupción en América Latina 2020 colocó al país con la segunda peor calificación entre ocho países evaluados. Esta evaluación destaca la insuficiencia del marco legal panameño y la falta de aplicación de las leyes anticorrupción.

Es evidente que el foco principal de las leyes se centra en el derecho penal y la prevención del lavado de activos, dejando de lado aspectos fundamentales para combatir la corrupción, tanto en el sector público como en el privado.

La falta de consecuencias punitivas por el incumplimiento de las leyes anticorrupción en el sector público es otra debilidad notable. Los casos de corrupción de alto perfil son desestimados por los tribunales debido a la falta de pruebas o errores de procedimiento. Esto ha llevado a un clima de impunidad donde los criminales de alto perfil parecen estar cómodos sin consecuencias legales.

Otro aspecto preocupante es la falta de transparencia en el gobierno. Las declaraciones de patrimonio de los altos funcionarios no son públicas, y no existen mecanismos que obliguen a los funcionarios a presentar declaraciones de intereses o información relacionada con sus impuestos. Esta falta de transparencia contribuye a la perpetuación de la corrupción y socava la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.

La débil institucionalidad del sistema de justicia es otro factor que ha permitido la violación de la corrupción en Panamá. Los casos de corrupción de alto perfil se desestiman debido a errores de procedimiento o falta de pruebas, lo que genera desconfianza en la eficacia del sistema judicial. La impunidad resultante de esta situación alimenta un círculo vicioso donde la ciudadanía ve la justicia como ineficaz y se desalienta la denuncia de actos corruptos.

En cuanto a las fuerzas de seguridad, también se han documentado casos de corrupción. La falta de rendición de cuentas y la impunidad en la actuación policial son problemas persistentes en el país. Estos actos de corrupción al interior de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el cumplimiento de la ley erosionan aún más la confianza de los ciudadanos.

La administración de justicia y la corrupción en Panamá han llegado a un punto crítico en el año 2023. La falta de aplicación efectiva de las leyes anticorrupción, la impunidad y la debilidad institucional del sistema judicial han permitido que la corrupción se convierta en una práctica común y corriente en el país.

La falta de transparencia en el gobierno y la persistencia de la impunidad en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo son señales alarmantes que socavan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Es urgente tomar medidas concretas para fortalecer el sistema de justicia, promover la transparencia y fomentar una cultura de rendición de cuentas en todos los niveles de la sociedad panameña. Esta es la única manera de revertir esta preocupante situación y sentar las bases para un futuro más justo y libre de corrupción en Panamá.

Las cercanas elecciones presidenciales en Panamá han generado esperanzas de que la nueva administración adopte un enfoque más serio en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, es demasiado pronto para decir si estas esperanzas se harán realidad. El nuevo gobierno deberá tomar medidas decisivas para abordar los problemas profundamente arraigados que han permitido que florezca la corrupción en Panamá.

Si el nuevo gobierno se toma en serio la lucha contra la corrupción, deberá hacer lo siguiente:

Fortalecer el sistema de justicia y asegurar que sea independiente e imparcial.

Promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno.

Reprimir la impunidad de los funcionarios corruptos.

Educar a los ciudadanos sobre los peligros de la corrupción y cómo denunciar.

Solo tomando estos pasos Panamá puede aspirar a romper el ciclo de la corrupción y construir una sociedad más justa y próspera.