“La historia se repite en espiral”, frase atribuida al filósofo italiano Giambattista Vico (1668-1744) se puede aplicar a los eventos en Bocas del Toro de 2010, que explotó en manifestaciones como en 2025. Aquella vez contra la Ley Chorizo, de julio de 2010 que, al entender de los trabajadores bananeros, desmejoraba conquistas sindicales como entienden hoy que la Ley 462, atenta contra las pensiones de vejez que maneja la Caja de Seguro Social.
En 2010, la represión contra los manifestantes en Bocas fue tal que produjo 8 muertos y cientos de lesionados, según reportó la Comisión liderada por Roberto Troncoso, activista de Derechos Humanos. Esta vez, el gobierno, liderado en estos aspectos por los mismos de aquella vez (J. R. Mulino y F. Ábrego), tomaron el cuidado de “no usar armas letales” para reprimir y cambiaron la estrategia permitiendo, por semanas, el bloqueo de calles y carreteras, paralizándose la provincia, situación angustiante en lo social y económico, para muchos.
La inacción del gobierno para buscar salidas políticas (la situación es política más que jurídica), tales como diálogo vía mediación de interlocutores aceptables, cuando el gobierno consideró que era la hora de actuar, copan la provincia con militares que, al intentar abrir las calles, produjeron lo que era previsible, violencia destructiva, situación reprochable.
Recordar que el gobierno fue permisivo por semanas no buscando concertación que era su deber, lo que hubiera evitado la destrucción anárquica.
El discurso del gobierno es que la reacción contra la Ley 462 era impulsada por la “izquierda”. Lo que valió para arremeter, vía judicial, contra dirigentes del Suntracs y de Sitraibana, hoy procesados penalmente.
Bocas del Toro tiene una población curtida en la lucha y la adversidad. Solo hay que recordar las elecciones de 1984 que, en plena dictadura, la hicieron retroceder, en el fraude pretendido contra el candidato Francisco Artola. Lucharon en 1984, lucharon en 2010 a pesar de que día a día, entre el 9 y 14 de julio, caían muertos y lesionados por perdigones que enceguecieron a infinidad de manifestantes a los que hoy se les paga pensiones por haberlos incapacitado. Debieran pagar los que dirigían la represión.
Así las cosas, ahora arremeten administrativamente contra los educadores para cerrar el círculo de los que pueden protestar contra las próximas villanías del gobierno.
