6% del PIB para la educación

Es una verdad de a puño que la educación es la gran palanca que posibilita el desarrollo personal y los cambios necesarios para hacer este planeta más habitable y sostenible. De esta manera, Nelson Mandela advirtió que ‘la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo'.

La educación de calidad es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han propuesto cumplir las naciones del orbe, para el año 2030. Para ello hay que destinar los recursos económicos necesarios para cumplir tal meta, por lo cual la UNESCO ha recomendado a los países que destinen por lo menos el 6% de sus respectivos productos internos brutos (PIBs) y el 20% de su presupuesto a la educación.

Coincidentalmente, la Ley Orgánica de Educación de 1946, reformada en 1995, establece que el tema educativo debe tener prioridad en el presupuesto general del Estado y no puede ser inferior al 6% del PIB del año anterior.

Adicionalmente, los gremios docentes han venido insistiendo en el cumplimiento de este porcentaje del PIB tal como lo mandata la ley y como se comprometió el gobierno en el acuerdo de finalización de la huelga magisterial firmado en julio de 2016.

Aunque la existencia de los recursos financieros suficientes no asegura per se los resultados ambicionados de educación de calidad, su requerimiento sí es importante para resolver problemas acuciantes, más allá del pago de los aumentos salariales pactados, que se presentan año tras año como la eliminación de las escuelas rancho, el mantenimiento de la infraestructura escolar, el nombramiento del personal docente necesario, el pago de viáticos a los educadores de áreas de difícil acceso, etc.

A pesar de que Panamá está entre los 5 países de mayor crecimiento económico (que no es igual a distribución equitativa de las riquezas), está entre los 5 países que menos invierte en educación en la región, según el BID: sólo el 3.3% del PIB en el 2017, del cual 0.1% fue para Preprimaria; 1.1% para Primaria; 1% para Secundaria; y 1% para Educación Superior.

Se trata de uno de los cambios constitucionales sustanciales que requiere el país: asegurar el 6% ó más del PIB anual a la educación, tal como ha acontecido con nuestra vecina Costa Rica, que ha establecido el 8% en su Carta Magna, y lo está cumpliendo en la práctica. Abogada y docente