Alemanes piden menos refugiados tras ataque

DEMANDA

Distintas voces en las filas conservadoras de la canciller alemana, Angela Merkel, demandaron ayer poner freno a la llegada de refugiados y agilizar las expulsiones a raíz del atentado yihadista de Berlín, en el que murieron doce personas y otras 50 resultaron heridas.

El descontento con la política de asilo de los socios bávaros de la Unión Socialcristiana (CSU) y de los sectores más conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel reemergió con fuerza tras el punto y aparte que ha supuesto la muerte del tunecino Anis Amri, el principal sospechoso por el atentado.

El presidente de la CSU y del "land" de Baviera, Horst Seehofer, reiteró en unas declaraciones avanzadas ayer por el diario Welt am Sonntag su apuesta de fijar "un máximo de 200.000 refugiados al año", una demanda que lleva meses repitiendo y a la que Merkel se ha negado a ceder.

"El tope máximo va a llegar en el caso de que gobernemos" tras las próximas elecciones, dijo Seehofer en referencia a los comicios parlamentarios previstos para septiembre de 2017.

Seehofer ha chocado abiertamente con la canciller por su política de puertas abiertas con los refugiados e incluso ha llegado a poner en duda que la CSU, que arrastra un importante número de votos, respalde a Merkel como candidata de la CDU, algo que sería inédito desde la formación de la República Federal.

A su juicio, "el tope máximo es un requisito previo para la integración" de los refugiados en la sociedad alemana "y para la seguridad" del país.

Asimismo, Seehofer se mostró a favor de reforzar los controles fronterizos -a pesar de mantener vigente la zona Schengen de libre movimiento en Europa- para poder decidir "quién entra en el país y quién no".

El portavoz de política interior del grupo parlamentario CDU/CSU en el Bundestag, Stephan Mayer, abogó, en una entrevista en el Passauer Neue Presse por endurecer la ley de extranjería.

En su opinión, es "importante" reformar la ley para poder encarcelar a aquellos extranjeros "obligados a abandonar el país" que suponen un "peligro inmediato para la seguridad pública". Amri era un candidato perfecto para recalar en esta categoría, según Mayer, ya que se le denegó el asilo en Alemania y se estaba tratando de deportarle cuando perpetró el atentado.