Trump le pide a Bukele que reciba a gringos en su cárcel

Ya no solo quiere enviar migrantes, sino también criminales gringos.
  • martes 15 de abril de 2025 - 12:00 AM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes ante su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en su deseo de expulsar a ciudadanos estadounidenses y encarcelarlos en la prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Durante declaraciones ante la prensa en la Oficina Oval, el republicano dijo querer ir “un paso más allá” con el envío de personas desde EE.UU. al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel que se ha hecho conocida por las denuncias de abusos a los derechos humanos.

“No sé cuáles son las leyes, pero también tenemos criminales locales y me gustaría incluirlos en el grupo de gente que sacamos de este país”, dijo el mandatario, sentado junto a Bukele y rodeado de cámaras y reporteros.

Tras las declaraciones oficiales, Trump volvió a insistir en esta idea y fue captado por los micrófonos diciéndole al presidente Bukele que los ‘locales’ (una expresión usada para referirse a presuntos terroristas nacidos en EE.UU.) “serán los siguientes [...] vas a tener que construir como cinco cárceles más”, señaló Trump.

No es la primera vez que el republicano habla de expulsar a ciudadanos de EE.UU. a El Salvador, una idea que ha sido rechazada por expertos legales y defensores de los derechos civiles en el país.

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que Trump ha discutido esta idea también en conversaciones con su gabinete.

“Serían criminales violentos, que hayan roto las leyes de nuestro país repetidamente”, acotó la funcionaria.

Durante la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a El Salvador el pasado mes de febrero, Bukele sembró la idea de detener a “criminales estadounidenses peligrosos” en las cárceles de su país.

La propuesta fue celebrada tanto por el jefe de la diplomacia estadounidense como por el magnate y consejero del gobierno Trump, Elon Musk, y rechazada por grupos en defensa de los derechos humanos, que la han tildando de ilegal e inconstitucional.

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