CorteIDH condena Nicaragua por no proteger niña que denunció violación

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó hoy a Nicaragua por no garantizar el acceso a la justicia a una niña de 8 años que denunció haber sido víctima de violación sexual y abusos por parte de su padre.

La sentencia determinó que el Estado nicaragüense se convirtió en un "segundo agresor", ya que las autoridades forzaron a la niña, identificada solamente como V.R.P, a un examen ginecológico y ejerció violencia institucional en contra de la menor, así como discriminación en razón de su género y su condición de niña.

El caso se remonta a noviembre de 2001 cuando la madre de la menor inició un proceso judicial tras enterarse de los abusos que fueron determinados luego una consulta médica a la que llevó a su hija.

La niña indicó al padre como presunto autor de estos hechos y el caso fue juzgado por un tribunal de jurados que emitió un veredicto declarando inocente al imputado en abril de 2002.

"En lugar de protegerla y brindarle mecanismos de contención que la hagan sentirse segura, entendida y escuchada, tal como es la obligación estatal, la niña fue sujeta a un proceso de revictimización (...) le solicitaron que narrara nuevamente los hechos, se colocara y fuera fotografiada en la misma posición en que sufrió el abuso", cita la sentencia.

Los jueces consideraron "particularmente grave" que las autoridades estatales, pese a la negativa de la niña, hayan requerido que ella, con tan sólo 9 años, participara de diligencias judiciales revictimizantes y que fuera sometida a revisiones ginecológicas reiteradas, que "fortalecieron su trauma".

"La participación de una niña en el proceso tiene que ser concebida como la de una titular de derechos y nunca únicamente como un objeto de prueba", según determinó la CorteIDH en su sentencia.

A raíz de las diversas irregularidades en el proceso, la madre realizó gestiones para denunciar la actuación de las autoridades, lo que trajo acciones penales en su contra y de sus familiares, promovidas por abogados relacionados con el imputado.