Cobre Panamá: ambientalistas exigen cierre sin nueva extracción

La propuesta del Gobierno para avanzar hacia un cierre ordenado y autofinanciado de Cobre Panamá provocó un nuevo rechazo de organizaciones ambientalistas, comunitarias y sociales, que consideran que el esquema podría implicar una reactivación de la extracción minera. El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la UICN y representantes comunitarios de Donoso y Omar Torrijos cuestionaron el planteamiento presentado el pasado 30 de septiembre por la Comisión Interministerial.

Los grupos sostienen que financiar el cierre con los recursos generados por una nueva etapa de explotación significaría extender la vida útil del proyecto por un periodo que, según advierten, podría prolongarse durante décadas. Carlos Bichet, abogado del Centro de Incidencia Ambiental, calificó la propuesta como una “reactivación disfrazada” y cuestionó que se hable de un cierre autofinanciado cuando para obtener esos recursos sería necesario volver a extraer mineral. “Si quisieran cerrar, no hay que abrir”, resumió durante una conferencia de prensa.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el aspecto jurídico. Las organizaciones consideran que cualquier mecanismo que permita reanudar la extracción tendría que superar las disposiciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia en el fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión. También mencionaron la Ley de Moratoria Minera y señalaron que no puede utilizarse una nueva figura contractual para reactivar la actividad que fue objeto de la decisión judicial. El planteamiento gubernamental contempla consultas y análisis jurídicos para determinar la viabilidad de la ruta propuesta.

Los ambientalistas también cuestionaron el argumento de que el cierre pueda ejecutarse a “costo cero” para el Estado. Según el informe gubernamental citado por las organizaciones, un cierre sin acuerdo con la empresa podría representar unos 3,400 millones de dólares durante casi dos décadas, además de las reclamaciones arbitrales internacionales, estimadas en el documento en unos 27,000 millones de dólares. Los grupos sostienen que esos cálculos no reflejan otros costos potenciales relacionados con el agua, los ecosistemas, la salud y las comunidades.

Como alternativa, las organizaciones plantean ejecutar la fianza de abandono por más de 157 millones de dólares entregada por la empresa y vigente hasta 2029. También proponen desarrollar un proceso técnico que incluya monitoreo de la calidad del agua, control del drenaje ácido, manejo de relaves y tajos, desmontaje de infraestructura y recuperación de las áreas intervenidas. Isaias Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental, recalcó que un cierre minero no consiste simplemente en detener las operaciones, sino que requiere un proceso prolongado de control, restauración y seguimiento.

Los grupos ambientalistas cuestionaron además aspectos de la auditoría relacionada con los compromisos ambientales del proyecto. Según Bichet, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas revisó los documentos de la auditoría y encontró, de acuerdo con su análisis, compromisos para los cuales no habría evidencia suficiente o cuya documentación no correspondería con lo evaluado. Estas son observaciones planteadas por la organización y forman parte de su cuestionamiento al proceso de cierre.

El impacto sobre las comunidades de la zona también estuvo entre los argumentos presentados durante la conferencia. Leysi Rodríguez, dirigente del movimiento campesino, rechazó que la reapertura de la mina sea presentada como la principal alternativa para generar desarrollo en Donoso. Aseguró que las comunidades necesitan proyectos sostenibles y defendió el derecho de los pobladores al agua limpia, la salud y un ambiente seguro.

Raisa Banfield, activista ambiental y exvicealcaldesa de la Ciudad de Panamá, sostuvo que el debate no debe limitarse a cuánto cuesta cerrar la mina, sino incluir los posibles costos ambientales de mantener una operación extractiva. A su juicio, Panamá debe avanzar hacia la restauración del área y hacia otras actividades económicas que permitan generar oportunidades para las comunidades sin depender de una nueva explotación minera.

Cobre Panamá permanece paralizada desde 2023, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión, en medio de una de las mayores movilizaciones sociales de las últimas décadas en el país. La mina, operada por una filial de First Quantum Minerals, representó una inversión aproximada de 10,000 millones de dólares y tuvo un peso importante en la actividad económica nacional antes de su cierre.

El futuro del proyecto está ahora bajo análisis del Ejecutivo. Los grupos ambientalistas pidieron al presidente José Raúl Mulino rechazar cualquier fórmula que implique una nueva etapa de extracción y cumplir con la ruta establecida para el cierre definitivo, incluida la Resolución de Gabinete N.° 19 de 2024. También reclamaron transparencia, participación ciudadana y una estrategia para defender los intereses del Estado en los procesos arbitrales internacionales.