La masacre de Huacas de Quije

La tarde del lunes 1 de febrero de 1969, seis jóvenes fueron asesinados a sangre fría, por el solo hecho de oponerse al régimen militar instaurado por la fuerza 15 meses atrás, el 11 de octubre de 1968.

El hecho es conocido como ‘la masacre de Huacas de Quije', en el distrito de Natá, provincia de Coclé. Heriberto Manzzo, Javier Guerra, Daniel Heart Pérez, José Pimentel, Cesáreo Tejada y la única mujer, Dora Ceferina Moreno Jaén, fueron acorralados en un cafetal y acribillados por agentes de la Guardia Nacional, en esa funesta víspera de la virgen de la Candelaria.

¿Por qué los mataron?

Vianor Tejada Pereira, un octogenario testigo de la tragedia coclesana, recuerda con vívidos remansos de dolor aquel triste ataque homicida.

‘Era un día de verano, todo estaba despejado y corría una agradable brisa propia de esta época en la campiña. Ya la guardia sabía que ellos se escondían ahí en los cafetales de Quije, porque le pagaron a una señora y la amenazaron para que los delatara', recordó Vianor.

El señor Tejada Pereira prefiere solo recordar la masacre de Quije, para que las autoridades plasmen en los programas académicos esta historia y que las generaciones venideras conozcan los acontecimientos.

Con ese pretexto, continuó su relato, "los muchachos eran integrantes de un grupo conocido como Boinas Negras, creado por el derrocado presidente Arnulfo Arias Madrid'.

Vianor hizo un ademán, ‘los seis jóvenes no eran guerrilleros, como el gobierno militar hizo ver a través de Radio Libertad. ‘La emisora estatal al servicio de los militares arengó en sus noticieros que fueron bajas de insurgentes, quienes dispararon a los miembros de la Guardia Nacional', reveló el campesino.

Fueron torturados por solo levantar su voz en contra de los militares. Dora fue violada por varios miembros del régimen castrense, delante de sus compañeros a quienes les dispararon en las piernas para dejarlos ver la atrocidad, comentó asustado Vianor.

En el informe de la Comisión de la Verdad, se conoció que los restos de Dora fueron hallados en aquel sitio, el 11 de junio de 1982, trasladados al cementerio Municipal de La Chorrera, donde permanecen para siempre.

Los otros cinco

Sixto Alonso, vecino de Vianor, tenía 17 años en 1969, se unió a la conversación de forma amena y jocosa. ‘Ya déjenlos tranquilos', dijo como hablando para él mismo, pero recapacitó al instante y puso su mano sobre mi hombro e indicó: "a la mujer la violaron y la enterraron ahí mismo en Huacas, a los otros cinco los mataron ahí, pero después a los otros los subieron a un jeep y los llevaron hasta el río Santa María, ahí los tiraron', afirmó convencido.

Dora Moreno Jaén terminaría ese año su carrera de medicina en la Universidad de Panamá, era corredora de aduanas y activista miembro del partido Panameñista.

Heriberto Manzzo, era un pequeño empresario y agricultor de la provincia de Coclé, de 30 años.

Javier Guerra González, era un joven de apenas 20 años, igualmente seguidor del partido fundado por Arnulfo Arias Madrid.

Daniel Emilio Heart Pérez, de 24 años, trabajaba en una pequeña empresa en Aguadulce, tenía a su esposa y una hija.

José Enrique Pimentel, de 22 años, era un mecánico independiente.

Cesáreo Eligio Tejada Nuñez, de 26 años, trabajaba en la Presidencia, se cree que unos agentes del G-2 (Servicio de Inteligencia Militar), lo vigilaban y lo siguieron hasta Huacas de Quije, para dar con el resto del grupo.

Informe

El 18 de enero de 2001, el gobierno creó mediante el Decreto Ejecutivo 2, la Comisión de la Verdad, cuyo fin era establecer un cuadro, lo más completo posible sobre las violaciones a los derechos humanos fundamentales a la vida, además de reunir antecedentes que permitan individualizar a las víctimas y determinar su paradero.

Quince meses después, la comisión terminó su trabajo, y presentó un informe final a la presidenta Mireya Moscoso, en el que advierte que durante los cuatro primeros años de la dictadura militar que gobernó Panamá de 1968 y 1989, ocurrieron 55 asesinatos y desapariciones por razones políticas evidentemente concretadas.

Ese mismo día, la comisión presidida por Alberto Almanza, e integrada por Juan Antonio Tejada, Osvaldo Velásquez y Julio Murray, entregó dicho informe al procurador José Antonio Sosa, en cuyas investigaciones se documenta un total de 110 casos, de este total, 70 corresponden a personas asesinadas y los otros 40 a personas desaparecidas.

Entre 1972 y 1983, se documentaron oficialmente la desaparición forzada de 22 personas y otras 31 fueron asesinadas entre 1984 y 1989.