Un grito de auxilio en Sierra Llorona

La reserva natural privada Sierra Llorona, ubicada en Santa Rita, provincia de Colón, atraviesa una amenaza que mantiene preocupados a agrupaciones ambientalistas del país, quienes han hecho llamados de atención a las autoridades para “frenar la devastación”, debido a la construcción de un millonario proyecto.

Se trata del avance de la carretera Quebrada Ancha - María Chiquita, en el denominado Corredor del Caribe, que según destacan expertos conservacionistas, mantiene anomalías en su proceso de licitación.

Susana Serracín Lezcano, abogada ambiental y presidente de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), sostuvo que el proyecto con una inversión de al menos $91.6 millones, no cumplió con el requisito de consulta ciudadana.

“El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto fue subcategorizado, es decir que le aplicaron una categoría que no corresponde a la severidad de los daños que esta causando. Se le dio categoría dos, cuando debió ser categoría tres y por otro lado se obvió la consulta pública” dijo Serracín.

La carretera se está construyendo en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres, el Parque Nacional Portobelo y en Sierra Llorona que, según contó la experta, “es un área también de gran fragilidad ecosistémica y que alberga una gran riqueza tanto de flora como de fauna”.

La agrupación Adopta el Bosque, ha sostenido los “daños irreversibles” al ecosistema, donde no se ha considerado el endemismo, el cual hace referencia a especies que solo se encuentran en el lugar.

“Es un área de gran valor por su diversidad. Este es un proyecto nefasto para la conservación”, dijo Guido Berguido, director de esta organización a cargo de la protección de la reserva.

Pese a esto, Cristóbal Valencia, presidente fundador de la Cámara de Turismo de Portobelo, asegura que para la ejecución del proyecto se buscó la menor intervención posible de la reserva natural de Sierra Llorona.

“Antes de iniciar la obra se hicieron todos los Estudios de Impacto Ambiental de rigor” puntualizó.

La diferentes agrupaciones ambientales, han interpuesto una serie de recursos y acciones legales para lograr frenar el avance de la obra.

Entre los recursos se encuentra una demanda de nulidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el EIA, además de una querella penal ante la Fiscalía Superior de Delitos ambientales, debido a la posible comisión de delitos tipificados en el artículo 399 del Código Penal y una denuncia administrativa ante la Dirección Regional de Colón.

La aspiración de los grupos ambientalistas en lograr al menos la suspensión temporal del proyecto, mientras se de una decisión de fondo.

Hay que destacar que el ministro de Ambiente designado, Juan Carlos Navarro, ha sido uno de los críticos de este proyecto, donde incluso solicitó al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge una explicación sobre la ejecución y el impacto al medio ambiente, así como el plan de resarcimiento ecológico.