Un solo cargo y 11 aspirantes a la Sala Segunda de lo Penal

Con la lista de aspirantes para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y entregada al Ejecutivo, queda la sociedad panameña a la espera de una administración de justicia que dispense el mismo trato a todos los ciudadanos.

Consideraciones

La exprocuradora General de la Nación, Ana Belfon considera que el mecanismo utilizado por el presidente Laurentino Cortizo no contradice la Constitución pero no es el que establece la Carta Magna.

‘Dentro de la lista de 11 hay nombres de personas con una alta trayectoria jurídica que de ellos no podría hacerse ningún tipo de señalamiento ni ético ni moral o de ninguna otra naturaleza, e incluso observo que están trabajando o han trabajado en la administración de justicia', reconoció Belfon.

En otro orden, la abogada planteó que los problemas de la administración de justicia no es de personas porque lo que se requiere son cambios estructurales específicamente en la forma en que se nombra o escogen a los magistrados.

‘Al Órgano Ejecutivo y Legislativo los escoge el pueblo y al Judicial, que tiene igual importancia según la Constitución los escoge otro órgano, a partir de allí ya tenemos una falla, porque todos los integrantes de este órgano deben ser nombrados por ellos mismos a través de una carrera judicial, de la meritocracia y la antigüedad', agregó Belfon.

Finalmente señaló que actualmente si otro órgano es quien tiene que nombrar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia cualquier cosa puede pasar y más aún en un país que está plagado de corrupción en todos los niveles porque esta también es privada.

Roberto Troncoso, un jurista de amplia experiencia, sostiene que en el marco jurídico de la Constitución la urgente necesidad es la de implementar estos dos pilares: una Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura.

‘En lo personal aspiro a que en la reforma constitucional se le de cabida, por un lado la Corte Constitucional integrada por tres o cinco miembros, únicamente atenderá los casos que correspondan a los recursos de inconstitucionalidad; y el Consejo de la Judicatura es aquel que hable de evaluar y designar los mejores candidatos para magistrado', destacó Troncoso.

El jurista acordó que el Ejecutivo y Legislativo no son quienes deben escoger a los magistrados del Judicial, sino el Consejo de la Judicatura.

Por último, el abogado Alfonso Fraguela considera que esta lista refleja una distorsión de la facultad constitucional que tiene el presidente de la república.

‘En el propio documento presentado al jefe de gobierno no aparece recomendada el nombre de una persona que actualmente aparece que ocupa el cargo de magistrada suplente [Asunción Alonso] y ella ni siquiera es mencionada en la lista y esto evidencia la carencia de igualdad de la Comisión Evaluadora', recalcó.

El letrado se pregunta cuáles fueron los criterios y consideraciones que se siguieron para obviar el nombre de una persona que actualmente ocupa el cargo de suplente no pueda ser considerada por el Pacto de Estado por la Justicia para ser principal.

‘Establecer una lista corta lo que reafirma es que pareciera que se estuviese limitando o reduciendo el grupo de aspirantes para obligar y forzar la designación de una persona de esa lista', refutó.