MP solicita archivar proceso contra Wisa

La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas del Ministerio Público (MP) solicitó ayer  al Órgano Judicial el sobreseimiento provisional en  el caso relacionado con el Grupo Wisa Internacional.

Esta investigación empezó  a raíz de la inclusión del grupo  empresarial  en la ‘Lista Clinton’, elaborada por la  Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

La decisión del MP  se sustenta en que se venció el término de la investigación instruida por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y contra la seguridad colectiva, relacionados con drogas y asociación ilícita.

En este proceso judicial estaban siendo investigados los empresarios “Abdul Mohamed Waked Fares, Sain Sais Hamed Fares, Walid Ali Waked El Hage, Nidal Waked Hatum, Ali Mohamed Waked Fares, de Wisa Internacional”, indica un comunicado del MP.

Sin pruebas

La fiscalía expresó en su opinión jurídica que “los medios de justificación acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados”. El comunicado del MP agrega que durante la fase investigativa la entidad diligenció inspecciones oculares, recabó documentación importante para la investigación y solicitó asistencias internacionales remitidas a los dos países, por lo cual se mantiene a la espera de las respuestas de estas rogatorias.

En la nota de prensa se aclara que en el evento de surgir nuevos elementos que permitan la comprobación de un  acto contrario al orden penal se podrá solicitar la reapertura de la investigación, como lo establece el artículo 2210 del Código Judicial.

Para el  abogado de Wisa, Ebrahim Asvat,  EE.UU. nunca presentó los elementos probatorios que demostraran una causa criminal.

“Presentaron una carta de la DEA que estaba relacionada en un caso que fue fallado y  ninguna de las empresas mencionadas estaban relacionadas”, señaló Asvat. Aclaró que esta decisión es independiente al proceso que se instruye en EE.UU por este caso.

Tiempo

Seis meses era el término que tenía la fiscalía para investigar este proceso