Situación económica golpea a los colegios privados

Unos 20 colegios particulares han anunciado su cierre para este año, y se proyecta que entre 20 y 25 instituciones adicionales podrían seguir el mismo camino en 2026. Según el consultor económico René Quevedo, esta crisis en el sector educativo privado es el resultado de una combinación letal: la contracción del consumo y un marco regulatorio que dificulta mantener un flujo de caja saludable en muchas escuelas pequeñas.

Quevedo destacó que, a pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4.4% en el primer semestre de 2025, la recaudación del ITBMS cayó un 11% en comparación con el mismo período del año anterior. Esto significa que, en los primeros seis meses de este año, hubo una reducción de $128 millones mensuales en el consumo, lo que ha afectado gravemente tanto a la economía como a la capacidad de las familias para costear la educación privada.

El consultor también señaló que muchas familias en la provincia de Panamá han optado por sacar a sus hijos de colegios particulares y trasladarlos a escuelas públicas. Esta tendencia ha provocado la pérdida de más de 6,300 empleos formales en instituciones educativas privadas. Además, la Ley 285 de 2022, que impide retener los boletines para cobrar las cuotas mensuales, ha complicado aún más la situación financiera de estos colegios.

Quevedo explicó que la contracción del consumo es una consecuencia directa del cierre del sector minero y la pérdida del grado de inversión otorgado por Fitch Ratings en marzo de 2024. Aunque el impacto continuará a corto plazo, se espera una mejora a mediano plazo, conforme aumente la confianza en el clima de inversión privada en el país.

La Cámara Nacional de Educación y Renovación ha confirmado esta realidad, advirtiendo que, en los últimos cinco años, entre 25,000 y 30,000 estudiantes han migrado del sector privado al público.

Escuelas particulares ha expresado su preocupación por iniciativas legislativas que buscan regular su funcionamiento. Entre ellas destaca el proyecto de ley 231, que propone establecer un marco legal para regular los aumentos en matrículas, mensualidades y cuotas en colegios privados. La diputada Alexandra Brenes, proponente del proyecto, aclaró que el objetivo no es afectar a las escuelas, sino proteger a las familias de los incrementos en costos como libros, uniformes y matrículas.

Unos 20 colegios particulares han anunciado su cierre para este año, y se proyecta que entre 20 y 25 instituciones adicionales podrían seguir el mismo camino en 2026. Según el consultor económico René Quevedo, esta crisis en el sector educativo privado es el resultado de una combinación letal: la contracción del consumo y un marco regulatorio que dificulta mantener un flujo de caja saludable en muchas escuelas pequeñas.

Quevedo destacó que, a pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4.4% en el primer semestre de 2025, la recaudación del ITBMS cayó un 11% en comparación con el mismo período del año anterior. Esto significa que, en los primeros seis meses de este año, hubo una reducción de $128 millones mensuales en el consumo, lo que ha afectado gravemente tanto a la economía como a la capacidad de las familias para costear la educación privada.

El consultor también señaló que muchas familias en la provincia de Panamá han optado por sacar a sus hijos de colegios particulares y trasladarlos a escuelas públicas. Esta tendencia ha provocado la pérdida de más de 6,300 empleos formales en instituciones educativas privadas. Además, la Ley 285 de 2022, que impide retener los boletines para cobrar las cuotas mensuales, ha complicado aún más la situación financiera de estos colegios.

Quevedo explicó que la contracción del consumo es una consecuencia directa del cierre del sector minero y la pérdida del grado de inversión otorgado por Fitch Ratings en marzo de 2024. Aunque el impacto continuará a corto plazo, se espera una mejora a mediano plazo, conforme aumente la confianza en el clima de inversión privada en el país.

La Cámara Nacional de Educación y Renovación ha confirmado esta realidad, advirtiendo que, en los últimos cinco años, entre 25,000 y 30,000 estudiantes han migrado del sector privado al público.

Escuelas particulares han expresado su preocupación por iniciativas legislativas que buscan regular su funcionamiento. Entre ellas destaca el proyecto de ley 231, que propone establecer un marco legal para regular los aumentos en matrículas, mensualidades y cuotas en colegios privados. La diputada Alexandra Brenes, proponente del proyecto, aclaró que el objetivo no es afectar a las escuelas, sino proteger a las familias de los incrementos en costos como libros, uniformes y matrículas.