Silvia Carrera se resiste a bajarse del potro
- miércoles 21 de septiembre de 2016 - 12:00 AM
DISPUTA
La legalidad de lo actuado por el Congreso de la Comarca Comarca Ngäbe Buglé, sobre la destitución de la cacica Silvia Carrera y el rechazo al acuerdo firmado por Barro Blanco sigue siendo tema de debate.
Para Alvin Weeden, asesor y excontralor de la República, la decisión del congreso fue ilegal.
Sustenta su posición en que debía estar la mitad más uno de los 280 miembros del Congreso, y solamente estuvieron 137, pues 76 votaron en contra al acuerdo, 69 a favor y hubo 2 votos nulos.
Por otra parte cuestionó al dirigente Ricardo Miranda, del Movimiento 10 de Abril, por estar nombrado en la Asamblea Nacional (AN) de Diputados con un salario de $400.
El presidente del Congreso General, Nemesio Cases, refutó estos señalamientos de Weeden y mostró el acta de votación, por la que se rechazó el acuerdo, corroboró que 145 delegados participaron de la cesión extraordinaria del Congreso (ver acta).
Explicó que Carrera nunca rindió un informe al congreso, por tal razón fue separada de su cargo.
Irene Gallego, viceministro de Asuntos indígenas aclaró que no rendir informe ante el Congreso General, es uno de los 15 motivos para destitución, que establece el Decreto ejecutivo 194 de la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe Buglé.
El secretario del congreso Reimundo Palacio, aseguró que en las tres sesiones realizadas este año Carrera no asistió ni rindió los informes correspondientes.
Frente a estos señalamientos la cacique Carrera, en la provincia de Chiriquí, explicó que su destitución no tiene fundamentos porque se incumplieron los procedimientos. ‘El pueblo me eligió hasta el año 2017 y por lo tanto haré mi labor y no temo por mi seguridad', añadió.
Destacó, que para el 28 de septiembre, en Vigui, se estará llevando a cabo una encuentro inter-regional con las autoridades del Gobierno.
Cuestionan a Weeden
Fernando Cebamanos, dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), indicó que los originarios de la comarca son los que deben decidir su futuro, Weeden y el ejecutivo no pueden cambiar esto. Menos cuando representan intereses de la empresa privada.
Frenadeso y el FAD seguirán dando el apoyo solidario a las decisiones soberanas del pueblo en la comarca, añadió.
Tras las acusaciones lanzadas por el asesor de la Cacica, Miranda dijo que ‘si es cierto que labora con la Diputada Crescencia Prado, en la AN, con un salario de $400 mensual, bajo el cargo de promotor pero aunque me destituyan del cargo no voy a dejar de luchar por mi pueblo'.
Álvaro Alemán Ministro de la Presidencia dijo que, como abogado, la destitución de la cacica es ilegal al no estar contemplada en la agenda del día del Congreso.