¿Resolución abre compás al transporte pirata?

En medio de un sostenido alza en el precio del combustible y la crisis que atraviesa Mi Bus, por sus 600 vehículos dañados, el Gobierno anunció el trámite de permisos para garantizar el servicio de transporte público en las áreas donde se necesite.

Se trata de la resolución OL 210, del 9 de abril que establece requisitos y procedimientos para la presentación de solicitud de permiso especial de circulación por necesidad del servicio, procesos administrativos y daños mecánicos.

Esta resolución, que fue publicada en Gaceta Oficial el jueves 26 de mayo, no fue del agrado de Víctor Ramos, miembro de la Unión Nacional de Conductores de la Industria Turística de Panamá, quien tildó la legislación de ‘muy ambigua' y ‘llena de vacíos jurídicos'. ‘Incluso pueden ser de carácter inconstitucional', advirtió el dirigente.

Resaltó que esto busca darle hegemonía a un sector en específico de carácter ilegal, dándole un grado de legalidad, yendo en contra de la propia Constitución y las leyes de la República de Panamá.

Por su lado, Luis Torres, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Público, alertó que estos permisos dan pie para legalizar los busitos pirata, que prestan el servicio de manera ilegal, además del pasaje excesivo que ellos cobran. ‘Esto demuestra que hay una intensión de legalizar los piratas, que andan en el desorden; algo que nos oponemos', expresó Torres.

Pero el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Ordóñez, explicó que esta resolución no abre el compás a legalizar la piratería, al contrario, ‘es poner orden a la entrega de permisos, que antes se daban sin un control'.

Dijo, que no hay un registro de la cantidad exacta de los permisos que se habían dado; lo peor es que se entregaban sin que se le solicitaran algún tipo de procedimiento y sin un tiempo determinado. ‘Ahora deben cumplir con algunos requerimientos', enfatizó.

La resolución establece que los permisos serán por tres razones: permisos por necesidad; por procesos administrativos y por daños mecánicos. Los dos primeros se darán por un periodo de seis meses y según Ordóñez, se detectó que se había dado un permiso de dos años por daños mecánicos, algo que no debería haber pasado. Ahora, por este causal solo será por tres meses esa autorización.

Quien solicite, por ejemplo, permiso por necesidad, debe contar con el aval de la prestataria donde se va a brindar el servicio y contar con copia de póliza de seguro vigente, de revisado vehicular, Registro Único, comprobante del pago de la placa, resolución de reconocimiento de la organización de transporte que presta el servicio en el área y copia del estudio técnicos que avale necesidad del servicio.

Ordóñez manifestó que esto viene desde dos meses y para llegar a esta decisión se hicieron reuniones con prestatarias, ya que han surgido comunidades donde se hace necesario dar estos permisos, pero cumpliendo con todos los requisitos.