Relacionistas quieren las jefaturas de Comunicación en instituciones estatales
![Maritza Mosquera, presidenta de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas (Confiarp). Maritza Mosquera, presidenta de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas (Confiarp).](http://elsiglo.com.pa/binrepository/1000x640/0c0/0d0/none/275766432/GGYD/relaciones-publicas_181-7934276_20240823093011.jpg)
- viernes 23 de agosto de 2024 - 11:20 AM
Relaciones Públicas y Periodismo. Dos profesiones de la rama de comunicación social distintas, pero muy parecidas. Es una situación de debate por la jefatura de comunicación en las instituciones gubernamentales.
“La jefatura es uno de los puntos débiles, porque cada vez que viene un gobierno se colocan a profesionales que son antropólogos, influencers o personas que desconocen el verdadero trabajo y eso forman debilitamiento de la institucionalidad y los gobiernos hagan bien o mal salen mal evaluados”, apostilló Maritza Mosquera, vocera de los profesionales de las Relaciones Públicas en el noticiero matutino de Telemetro Reporta.
Todo este tema ha salido a relucir tras las exigencias de la Contraloría General de la República. Pide que los periodistas tengan título universitario para ocupar cargos públicos.
Ya el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Periodistas se pronunciaron. El primero propone una reforma estructural en las oficinas de comunicación del Estado y el segundo sale de defensa para que se establezca una ley de periodismo que ampare a los colegas en ejercicio.
“La Contraloría pidió que tuvieran títulos universitarios, y algunos no los tenían, ese es otro problema. En segundo lugar, la Ley habla que los departamentos y direcciones tienen que ser liderados por personas que tengan la experticia”, destacó Mosquera.
El Conape manifiesta que a pesar de que la Ley 67 y 68 de 19 de septiembre de 1978, que exigía la idoneidad para ejercer cargos en estas oficinas, fue eliminada en 2005, la Contraloría General insiste en solicitar este requisito, generando incertidumbre y vulnerabilidad laboral entre los profesionales de la comunicación.
“Esta situación no solo atenta contra los derechos adquiridos de los periodistas. La exigencia de idoneidad, que ya no tiene sustento legal, se ha convertido en un obstáculo injustificado para el ejercicio de la labor periodística en el ámbito estatal”, precisó el gremio periodístico.
Consideran necesario que estas oficinas sean reestructuradas y renombradas como Direcciones de Comunicación e Información, con el objetivo de fortalecer su rol dentro de la administración pública y garantizar un espacio donde los profesionales de la comunicación puedan ejercer sus funciones con pleno respeto a sus derechos laborales y profesionales.
Han solicitado una reunión con la Secretaría de Comunicación del Estado y la Dirección de Carrera Administrativa para abordar la transformación de las Direcciones de Comunicaciones del Estado.
Para el Sindicato de Periodistas, se ha socavado varias veces la inestabilidad laboral de los profesionales de la comunicación, en algunos casos durante el pasado gobierno y otros, al imponer requisitos. Desde el año 2005 fue derogada la ley que reglamentaba el ejercicio del periodismo y otorgaba la idoneidad de periodista.
La organización destaca que la profesión debe ser ejercida por profesionales en la materia, al mismo tiempo se hace necesario implementar una Ley, donde se promulgue la carrera de periodismo, se reorganicen las oficinas de Comunicación y que los puestos no sean suplantados por personas ajenas a la profesión.
Para Luz Mejía, vocera de los profesionales de Relaciones Públicas, esta profesión es una disciplina de la comunicación social, y por lo tanto no se debe improvisar. “Hay una carrera al nivel superior con planes de estudios y la Ley 21 del 16 de junio de 2005 que establece sus funciones y quién la puede ejercer, porque hay una junta técnica que otorga la idoneidad a los relacionistas públicos para ejercer en empresas públicas o privadas”.
El Conape hace un llamado al diálogo constructivo y respetuoso referente a lo relacionado al nombramiento de periodistas en las direcciones y jefaturas de comunicación en el ámbito gubernamental y la solicitud de presentación de título universitario para desarrollar tareas en el Estado.