Querella Penal por presuntos delitos administrativos en la UMIP
- jueves 08 de agosto de 2024 - 2:45 PM
Ante la Procuraduría General de la Nación se presentó querella penal por presuntas irregularidades que se estarían dando en la administración de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).
La querella penal se interpuso el pasado 28 de mayo de 2024, en contra de la entonces ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, el rector de la UMIP, Víctor Barahona, y el vicerector Rodolfo Aparicio. Y la acción penal fue presentada por Donaldo Sousa, Silvia González y el comandante Manuel Marino.
Los señalamientos de presuntas irregularidades se dan concretamente por abuso de autoridad, tráfico de influencias, acoso y persecución al personal administrativo, docentes y de estudiantes de esa casa de estudios superiores.
Según los querellantes, en estas tácticas han incurrido tanto el rector Luna Barahona como “su cómplice” Aparicio Alvear, reflejando graves faltas de ética y transparencia, en su “desesperación por controlar las decisiones del Comité Electoral”.
Agregan que esta situación refleja una preocupante falta de ética y transparencia de la administración de ambos administrativos, en el manejo de los asuntos universitarios. Y “la carencia de integridad en la administración afecta no solo a la comunidad académica, sino también a la reputación de la institución en su conjunto”.
Todo luego de la destitución “ilegal, arbitraria y ofensiva” del presidente del Comité Electoral de la UMIP, profesor Marco Vigil, a quien no se le respetó su condición de funcionario electo por la mayoría, con fuero electoral y su estatus de docente categorizado. Igual suerte corrió la profesora Nilka Arosemena, a la que también se le desconoció su derecho a fuero electoral.
Es entonces que el rector y el vicerector procedieron a designar a Damara Guevara como la nueva responsable de la firma del Comité Electoral, algo que es señalado por los demandantes como una “acción arbitraria que denota un desprecio absoluto por los principios democráticos y los derechos adquiridos”.
¿Qué significa esta designación?
Ahora Damara Guevara ahora posee la capacidad de hacer requisiciones, efectuar compras y realizar solicitudes de materiales, disponiendo así de los recursos asignados en el presupuesto 2024 de la UMIP para los comicios de manera discrecional.
Según los demandantes, este movimiento estratégico buscaría consolidar un control absoluto sobre los recursos financieros destinados al proceso electoral, minando cualquier vestigio de imparcialidad.
“La desesperación de Luna Barahona y Aparicio Alvear proviene del hecho irrefutable de que la administración de dichos recursos debería recaer en la responsabilidad del profesor Ricardo Figueroa, suplente del profesor Marco Vigil, presidente legítimo del Comité Electoral. Esta maniobra no solo expone la corrupción y manipulación descarada por parte de Luna Barahona y Aparicio Alvear, sino que también pone en riesgo la integridad y la legitimidad del proceso electoral en la UMIP”, agregan.
Bajo este marco -destacan- la comunidad universitaria y la sociedad en general deberían tener serias dudas sobre la imparcialidad y justicia en la toma de decisiones dentro de la UMIP. Pues la destitución de Vigil y Arosemena, ambos protegidos por el fuero electoral, no solo sería una afrenta a la legalidad, sino también un atropello a los derechos humanos y laborales de los docentes involucrados. “Esta acción evidencia una táctica de intimidación y coacción destinada a silenciar voces críticas y consolidar un régimen de control autoritario en la UMIP”, insisten los querellantes.
En adición, el nombramiento de Guevara como responsable de la firma del Comité Electoral también podría incurrir en una usurpación de funciones y una violación de los procedimientos institucionales establecidos.
Finalmente, los querellantes señalan que “es inaceptable que se utilicen tácticas tan sórdidas y deshonestas para manipular el futuro proceso electoral y asegurar la perpetuación en el poder de Luna Barahona y Aparicio Alvear. La comunidad universitaria merece líderes que respeten la democracia, la justicia y los derechos de todos sus miembros, no tiranos que buscan imponer su voluntad a cualquier costo”.