Pugnas en el Sindicato de Periodistas: El secretario presentó un pronunciamiento

El Sindicato de Periodistas de Panamá (SPP) defendió su gestión institucional y pidió respeto a su representación gremial, mediante un pronunciamiento firmado por su secretario general, Gilberto Gómez Ortiz, en el que expone siete actuaciones judiciales, administrativas y éticas vinculadas con el funcionamiento de la organización.

El documento, fechado el 20 de octubre de 2026, detalla denuncias, investigaciones y resoluciones relacionadas con la administración del sindicato, así como diferencias con una persona, quien habría ocupado anteriormente funciones de abogado de la organización.

Gómez Ortiz señaló que el 23 de marzo de este año presentó una denuncia contra esta persona por presuntos actos de hostilidad e intimidación. Según el pronunciamiento, el Ministerio Público dictó una medida de protección a su favor que contempla protección policial y la prohibición de agresiones psicológicas, verbales, físicas o patrimoniales.

Otro de los puntos se refiere a la entrega de una copia del contrato de arrendamiento de un local ubicado en las instalaciones sindicales. Gómez Ortiz indicó que, tras solicitar el documento y no recibirlo, acudió a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz de Ancón, que ordenó su entrega mediante la Resolución No. 245-26. El secretario general agregó que posteriormente se declaró concluida esa instancia y que deberá desalojar el local.

El pronunciamiento también aborda una denuncia por presunta falsificación de un acta del sindicato, presentada por esta persona. De acuerdo con Gómez Ortiz, la Fiscalía resolvió prescindir del ejercicio de la acción penal por prescripción, mediante el Criterio de Oportunidad No. 76, del 6 de julio de 2026.

En otro caso, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) admitió una investigación administrativa contra el secretario general por una denuncia anónima sobre presuntos conflictos de interés. Gómez Ortiz sostuvo que la entidad determinó que no incurrió en las conductas denunciadas y ordenó el cierre y archivo del expediente.

Asimismo, informó que el Colegio Nacional de Abogados dispuso iniciar una investigación ética contra esta persona por hechos relacionados con la retención del contrato de arrendamiento y la negativa a entregarlo.

También señaló que presentó una querella por presuntos delitos contra el honor, admitida por la Fiscalía Metropolitana, y que se promovieron actuaciones ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática por asuntos vinculados con las cuentas y plataformas digitales del sindicato.