Proyecto para regular las plataformas digitales es una “patada al transportista”

El tema se ha retomado con un aparente perfil bajo, pero lo cierto es que en la Asamblea Nacional ya se creó una subcomisión que analizará el polémico proyecto de Ley 315 , que pretende legalizar y regular de una vez por todas el servicio de transporte que brindan plataformas tecnológicas (como Uber, DiDi o Indriver) , el cual mantiene en pie de guerra al sector transporte tradicional.

Esta propuesta de Ley fue presentada antes de la pandemia por el diputado Víctor Castillo , pero por diversas razones no prosperó. Ahora ha sido el diputado perredista Abel Baker quien se interesó en proponer que se retome... y lo ha logrado.

De hecho, el pasado 22 de julio, la Asamblea informó en su cuenta de Twitter que el “Proyecto de Ley 315 que establece el marco regulatorio para el servicio de transporte terrestre brindado mediante plataforma de tecnología de la información y comunicación, será analizado en Subcomisión de Comunicación y Transporte, que estará presidida por HD. Tito Rodríguez”.

¿Casualidad?

Para el abogado Emilio Manzané , consultor con 28 años de experiencia en temas de transporte, “nada se da por casualidad en este sector”, y en su opinión que existe una especie de “acuerdo a voces” entre los actores para llevar a un “final feliz esta iniciativa, sin más traumas”.

El abogado recordó que este mismo proyecto avanzó hasta primer debate en la Legislatura pasada, pero tuvo una fuerte oposición de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), y al final se olvidó.

Posteriormente, llegó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreió la legalidad de las plataformas digitales, lo que “dejó a los transportistas sin piso”.

Y en este tira y jala, la Autoridad de Tránsito prefirió no tomar partido, y dejar que fuera la Asamblea que se encargara del problema.

“Como si fuera poco, se empujó por algunos sectores oficiales y ciertos dirigentes, el cambio de Directiva de Canatra, y a escasos días de este cambio se produce el inicio del tratamiento del proyecto y solicitudes de 'conversaciones' con el Ejecutivo, los diputados y las plataformas”, expresó Emilio Manzané.

Y ahora con la subcomisión cumpliendo el análisis previo, el jurista estima que en menos de dos meses el proyecto de Ley 315 estará listo para el Primer debate.

Peligrosa discrecionalidad

Al margen de que exista o no un acuerdo para avanzar con este tema, es posible que se encienda de nuevo el debate, sobre todo en lo referente a que solo se le permitiría a las plataformas prestar el servicio en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Coclé.

No obstante, la letra chica del proyecto incluye un artículo que dice que la ATTT podrá autorizar el servicio en otras provincias por medio de resolución.

“¿Ustedes se imaginan lo que va a ocurrir si le dejen al director de la ATTT de turno la discrecionalidad de autorizar este servicio a nivel nacional?” , se cuestiona Manzané.

¿Competencia desleal?

En las luchas previas que se han dado sobre este tema, los transportistas han reclamado una competencia desleal. Pues a ellos se les impone una tarifa y se le castiga si no la cumplen. Pero a las plataformas digitales se les permite tasar ellas mismas el precio del servicio que dan, que incluso varían a ciertas horas, o de acuerdo a sus políticas de operación.

Pero un punto más delicado todavía, a juicio del consultor Emilio Manzané, es que el proyecto de Ley -tal como está redactado- le quita la competencia a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para fiscalizar, atender y resolver las quejas y denuncias por violación de la Ley y abusos en el servicio... y se le traslada a la Acodeco , “como si esto se tratara de un tema de una nevera o cualquier artefacto defectuoso”.

Lo que sí le deja el proyecto de Ley a la ATTT es dar las concesiones, que -lógicamente- tendrán que ir aparejadas de la emisión de un certificado o cupo, “y que desde ya tienen nombre de lo s famosos SEL. A no dudarlo, se viven momentos aciagos para el sector que los obliga a una lucha épica”, anticipa el abogado Emilio Manzané.