Profesores denuncian irregularidades en pagos de cuota obrero-patronal en la Unachi

La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Apunachi) denunció una situación de vulnerabilidad en la seguridad social de los funcionarios universitarios, al detectarse presuntas irregularidades en el traslado de cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Mediante una nota formal enviada el 6 de abril de 2026 a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, el gremio expresó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante reportes de docentes que, al intentar acceder a servicios de salud, aparecen como “rechazados” en el sistema, bajo el argumento de que la institución no está “paz y salvo”.

Según el documento, la plataforma de verificación refleja que el último pago registrado por la universidad corresponde a diciembre de 2025, lo que estaría afectando directamente el acceso a atención médica, medicamentos y el registro de cuotas para jubilación.

La Apunachi considera la situación “inadmisible” y sostiene que a los funcionarios sí se les realizan los descuentos quincenales correspondientes a la cuota obrero-patronal, por lo que exigen claridad sobre el destino de esos fondos.

El gremio también advirtió que la suspensión de servicios por parte de la CSS deja a los trabajadores sin cobertura, al impedirles disponer de su ficha, lo que compromete derechos fundamentales.

Asimismo, señalaron que, aunque puedan existir dudas sobre transacciones, es responsabilidad de la administración universitaria garantizar que los fondos retenidos sean remitidos correctamente a la CSS y reflejados en el sistema.

Entre las exigencias planteadas a la rectoría destacan la entrega de un informe detallado sobre las causas del incumplimiento financiero y la presentación de un cronograma inmediato de pagos para normalizar la situación y restituir los derechos de los docentes afectados.

La asociación advirtió que la retención indebida de cuotas constituye una falta grave que impacta la estabilidad laboral y la paz social dentro de la universidad. En ese sentido, otorgaron un plazo no mayor de 48 horas para recibir una respuesta oficial.

Copia de la nota fue remitida a la junta directiva de la CSS, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría de la Administración y la Defensoría del Pueblo.