Por contratar a sus primos, multan a la alcaldesa de Arraiján. Mire cuánto debe pagar

La decisión forma parte de una serie de investigaciones desarrolladas por la ANTAI
  • lunes 27 de julio de 2026 - 2:47 PM

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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, con una multa equivalente al 50 % de su salario mensual, luego de determinar que incurrió en un conflicto de intereses al contratar a dos primos hermanos para laborar en la institución.

De acuerdo con la entidad, aunque ambos familiares presentaron su renuncia en enero de este año, la contratación contravino las disposiciones establecidas en el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, por lo que se procedió a imponer la sanción administrativa correspondiente.

La decisión forma parte de una serie de investigaciones desarrolladas por la ANTAI en distintas instituciones del Estado, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las normas de transparencia, integridad y ética en la función pública.

Entre los casos resueltos también figura la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), donde diez servidores públicos fueron sancionados por nepotismo, al mantenerse laborando dentro de la misma unidad administrativa junto a familiares, en contravención de la normativa vigente.

En esa misma universidad, una servidora pública recibió una sanción consistente en el descuento del 30 % de su salario mensual, tras comprobarse que durante un período de cuatro meses acumuló 33 tardanzas, incurriendo en el uso inadecuado del tiempo de trabajo.

Por otra parte, la ANTAI recomendó la destitución de dos servidoras públicas de la Caja de Seguro Social (CSS), al determinar que ambas incumplían con el registro de asistencia y no existía una resolución de la autoridad competente que las eximiera de esa obligación. La investigación también reveló la ausencia de mecanismos de control para verificar el cumplimiento efectivo de su jornada laboral.

La institución señaló que las sanciones y recomendaciones fueron adoptadas tras concluir las investigaciones administrativas, en las que se acreditaron faltas al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.