Plata del pueblo bajo lupa: frenan compra de vehículos

La compra de vehículos nuevos por parte de las instituciones del Estado quedó suspendida como parte de las medidas adoptadas para contener el gasto público y mejorar el uso de la flota vehicular estatal.

Esta decisión fue formalizada por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Circular N.° 31-2026-DC-DNFG, suscrita por el contralor general de la República, Anel Flores, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Entre las consideraciones para adoptar esta medida está el impacto que generan en el presupuesto público los costos que acompañan la adquisición de vehículos. Además del precio de compra, las entidades deben asumir gastos de combustible, repuestos, reparaciones, seguros y mantenimiento.

La disposición ocurre luego de que, desde marzo de 2026, el MEF promoviera el uso compartido de vehículos entre las entidades públicas con el propósito de racionalizar el gasto.

No obstante, el aumento de las solicitudes para adquirir nuevas unidades hizo necesario reforzar los controles sobre este tipo de compras.

A partir de ahora, las instituciones del Estado no podrán adquirir vehículos nuevos. La medida contempla una excepción cuando exista una necesidad prioritaria para garantizar el desarrollo de actividades operativas.

En esos casos, las entidades podrán optar por la contratación de vehículos mediante la modalidad de alquiler, siempre que el servicio incluya mantenimiento y seguros. La vigencia del contrato no podrá superar el período fiscal en curso.

Los contratos de alquiler que ya se encuentren vigentes no se verán afectados por la disposición y continuarán ejecutándose bajo las condiciones previamente establecidas.

La decisión había sido anticipada por Anel Flores durante su reciente comparecencia ante la Asamblea Nacional. En esa ocasión, el contralor planteó la necesidad de hacer un alto en la compra de vehículos y revisar primero la situación actual de la flota estatal.

La Contraloría General de la República y el MEF buscan con esta medida reforzar la disciplina en el gasto público, ordenar el uso de la flota oficial y procurar que las nuevas erogaciones respondan a necesidades debidamente justificadas.