‘Pidan a sus diputados que no aprueben la ley', dice Olga de Obaldía

Olga de Obaldía, de Transparencia Internacional explica las razones por las que el proyecto que presentó Elsa Fernández, directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ante la Asamblea Nacional el anteproyecto que deroga la Ley 6 del 2002, conocida como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, es un arma para desproteger al ciudadano de conocer información que debería ser pública. La abogada calificó de inverosímil y escandaloso el modelo que presentó la Antai.

Usted es una persona muy vinculada a la materia, ¿por qué cree que se redactó un proyecto de esta naturaleza?

Yo he trabajado en esta materia desde hace seis años, no me puedo explicar este proyecto de ley en este momento, al menos que sea para asegurar y blindar qué información de naturaleza pública no va a estar al acceso de la ciudadanía.

¿Con qué objeto?

Creo que tenemos que echar un paso para atrás y recordar otra ley que ya fue sancionada y que es un paralelo de la que está en cuestión. La ley de la Contraloría, ley 315 de diciembre de 2022 que en la fundación libertad ciudadana hemos demandado su inconstitucionalidad y estamos a la espera del fallo de la Corte. En esta ley a la Contraloría se la erige como una supra institución que no tiene que obedecer a nadie. A los funcionarios se les exime de responsabilidad como agente de manejo en el caso de que hayan omitido auditorías o sean cómplices de algún esquema y se crea una discrecionalidad para la cabeza de la institución que pueda abrir y cerrar investigaciones a su sola discreción. Eso, junto a esta ley que crea una institución supra permitirá declarar una información que se pueda calificar secreta aumentando las excepciones y le quitas responsabilidades al escenario, eso blinda una serie de actuaciones.

Es decir que las investigaciones sobre las actuaciones del gobierno actual serán prácticamente imposibles...

Yo creo que es muy importante tomar en cuenta un factor, muchos candidatos presidenciales se han pronunciado a favor de la transparencia.

Muchos lo hacen en campaña y después no se apegan a las promesas…

Esa es la realidad política, es la verdad.

¿Cómo queda la Antai proponiendo este tipo de proyectos?

En la subcomisión en la que la directora de Antai habló de las motivaciones, una de las que citó fue el reto por la transparencia que Transparencia Internacional lanzó a la palestra en 2019 y que los siete candidatos se comprometieron en los 32 preceptos, no se han cumplido. En ese reto por la transparencia había dos compromisos, uno era reformar la ley de Antai para hacerla más independiente, el otro era un estricto cumplimiento de la ley de transparencia. Lo que ha sucedido es que nos están presentando un proyecto de ley que no refuerza la ley de Antai y hemos tenido múltiples casos en estos cuatro años de no respetar estrictamente la ley de transparencia. Habrá que preguntar qué motivación hubo para no hacer una consulta ciudadana en este tema. Le quiero pedir a los ciudadanos que les escriban a sus diputados para que no aprueben la ley.

¿Por qué el interés de derogar una ley en vez de modificar la anterior?

Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Yo carezco un poco del colmillo o la malicia política. Me falta un poco de eso. Me parece increíble, inverosímil que la ley que gobierna los mecanismos de participación ciudadana sea presentada sin consulta ciudadana y buscando una sustitución completa de una ley que nos ha servido bien y que ha demorado en generar esa cultura de transparencia por parte del gobierno a la ciudadanía. Estamos cogiendo tracción y súbitamente de un plumazo se quiere desaparecer.

En uno de los artículos se habla de la reserva de la prueba. Lo que pretende es valorar si la información solicitada determine si es de interés público o restringido a través de un ‘test'. ¿Qué determinaron sobre este artículo?

Nos parece una fórmula que abre la puerta a la absoluta discrecionalidad. Va a quedar consignado en una ley lo que en la práctica hemos visto, que es primar el interés político sobre el interés de la ciudadanía en conocer información.

¿Cómo se haría este test?

Ahí entra precisamente ese nuevo rol que Antai declara para sí misma o define en esta ley. Porque en lugar de ser autoridad rectora se convierte en un garante. Un supra ente que en teoría puede estar por encima de todos los demás poderes, un ente que no es independiente y no es imparcial, por la propia naturaleza de ser parte del equipo político del presidente.

Va a tener ahora esta discrecionalidad que no está bien definida y la aumenta.

Cuando hicimos opinión sobre esta ley en el año 2020, en el artículo que tenía que ver con la declaración de la información de acceso restringido, pusimos que las prácticas internacionales sugerían que otro poder distinto a la Antai tuviera una prueba de determinar si la información era de naturaleza pública o restringida. En la forma en que está redactado el proyecto de ley, el Ejecutivo va a estar por encima, inclusive como recurso del poder judicial y legislativo. De alguna manera la ley trae un descenso, una desestructuración de lo que en teoría es la separación de poderes. La ley es curiosa, hay una parte de la ley donde recoge definiciones, recoge algunos elementos de mejores prácticas, pero no son compatibles con el resto. Tú puedes saber si una ley funciona o no con los mecanismos que puedes tener para que la ley se cumpla.