Perjuicio económico de $37 mil en albergue de Chilibre

Es la primera auditoría respecto a fondos asignados a los albergues, tras las denuncias presentadas por maltrato a niños, niñas y adolescentes, realizada por la Contraloría General de la República.

La Contraloría informó en una nota de prensa difundida este martes de la identificación de un perjuicio económico por el orden de $37,160.96 en los fondos asignados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la Fundación Chilibre Panamá (Funchipa), como parte de las auditorías tras las denuncias por maltrato de niños, niñas y adolescentes en los albergues.

El hallazgo permitió a la Contraloría remitir copias del informe de auditoría al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía Anticorrupción y al Mides.

Además, hay otra investigación en proceso por el uso de los fondos públicos en el albergue Arturo Miró, ubicado en la provincia de Chiriquí.

Investigación penal

De acuerdo con Álvaro Visuetti, juez del Tribunal de Cuentas, luego de que la Contraloría manda el expediente a este tribunal, inmediatamente el Tribual de Cuentas lo remite a la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente culminada la investigación esta lo devuelve al tribunal para que falle en derecho.

Por otro lado, el abogado Eliécer Plicet, presume que existen padrinos que buscan favorecer a personajes influyentes que evidentemente estuvieron directamente involucrados en las violaciones sexuales a los menores.

‘Desde mi perspectiva hay un apadrinamiento para favorecer a personas de la alta sociedad que abusaban de menores, que se los llevaban de alquiler para tener actos sexuales con ellos, pero a esta gente no se le ha investigado', sostiene Plicet.

Indicó que el Ministerio Público no ha querido profundizar sobre quienes eran las personas y empresarios de altos cargos en el gobierno actual que tenían sexo con los menores en los albergues.

‘Desde esa perspectiva, es como el tema de la Lotería que se están enfocando en la gente de abajo pero nadie se enfoca en la directora Gloriela Del Río, en quién la nombró a ella, por eso pienso que no hay una investigación objetiva', recalcó.

Finalmente Plicet dijo que no le consta que la renuncia del exprocurador Eduardo Ulloa, se haya debido a presiones para no investigar a personas allegadas al poder gubernamental, pero ‘tengo mis sospechas que en efecto fue así y de ser así el exprocurador Ulloa tomó una decisión heroica.

En tanto, otro miembro del foro local, Ariel Corbetti, propuso que en el tema de los albergues lo lamentable es que el Estado parece incumplir las obligaciones de protección de la infancia y de la adolescencia panameña.

‘Cualquier cosa que no brinde claridad al público y que castigue los atropellos cometidos que son horrorosos, no pueden sino contribuir al desasosiego y a la pérdida de credibilidad de nuestras instituciones', señaló el abogado Corbetti.

El jurista mostró su sorpresa porque la Contraloría emita el resultado de una auditaría en ese sentido porque ‘donde miremos en ese caso [violaciones en los albergues], descubrimos actos irregulares y que merecen una investigación profunda desde el punto de vista penal', contestó Corbetti.

El siete de abril de 2021 un sujeto de 54 años fue sentenciado a 14 años de prisión por abusar de una niña de 12 años en uno de los albergues. Se conoce de al menos 20 víctimas más, 18 investigaciones y seis imputados por el escándalo que generó un repudio generalizado en Panamá.