‘Panamá tiene falencias en datos y estadísticas de niñez’, afirma Rosario Correa

El caso de la menor desaparecida que después de varios días fue identificada en Honduras recalca la debilidad en las políticas de seguridad que vulneran a la población infantil en Panamá. La chica viajaba con un hombre mayor de edad con antecedentes penales, y según información preliminar, la joven participaba de un juego por Internet, una vía que emplea el crimen organizado para reclutar a menores que posteriormente son explotados sexualmente. De acuerdo a las observaciones emitidas por el Comité por la Defensa de los derechos del Niño de las Naciones Unidas, el número de menores en situación de vulnerabilidad es desproporcionado. Nuestra entrevistada, la abogada Rosario Correa, al mando del Observatorio contra la explotación sexual contra Niños y Adolescentes de la Universidad de Panamá, ilustra el tema en detalle y hace un llamado a los padres de familia para estar pendientes de sus hijos.

Sin conocer las incidencias del caso, hay que enviar un mensaje a las familias y a los vecinos, porque hay que estar en constante comunicación y vigilancia con los niños. No podemos pensar que estarán exentos de ser captados por el crimen organizado en sus casas. Nos lo está diciendo el comité, tenemos que trabajar sobre una estrategia en entornos digitales. Lo más seguro es que esta niña estaba en una situación de vulnerabilidad, desconozco cómo estaba su salud mental, pero participaba en un juego en el que se comunica con personas que tal vez se hacen pasar por niños, y no lo son. Hay que observar a los niños, es lo más probable que haya ocurrido, y se juntó con alguien que burló las fronteras. El crimen está bien organizado y conoce las rutas, por eso hay que reforzar la frontera terrestre. La situación de la violencia que se genera en los hogares puede estar expulsando a los niños de casa. Los pone en bandeja de plata al crimen organizado. Entre sus miembros hay profesionales, ya se ha identificado en otros países que en viajes de turismo familiares, uno de sus miembros puede ser un explotador sexual.

Tengo el deber de explicar que soy miembro electo del comité de derechos del niño de la ONU, pero en los informes de Panamá estoy impedida de participar porque soy del país. El comité recibe un informe del estado con estadísticas y situaciones que plantea el estado y luego recibe informes alternos de otras fuentes. El comité está diciendo que está preocupado por el número de niños en situación vulnerable. Ahí hay que prestar atención, porque así como vemos casos, tal vez aislados, en los desaparece una niña y luego aparece en otro país, indica que hay niños en Panamá que están siendo presa fácil del crimen organizado por su situación de vulnerabilidad. Lo que le preocupa al comité es la situación de migración en la selva de Darién, seguro se están dando situaciones que no conocemos. Hemos visto niños que ingresan desde Ecuador, Venezuela, sin documentación o que viajan en grupo o solos. Hay que tener la mirada crítica y maliciosa de por qué ese niño está viajando solo, pudo haber sido vendido o que utiliza la excusa del derecho a migrar cuando en realidad se está cometiendo un crimen que es parte de una organización.

Según el informe de los derechos del niño, Panamá está en una situación de riesgo. El hecho de que las instituciones piensen que las estadísticas no arrojan denuncias, no quiere decir que no hay que blindar estas situaciones. Somos un país de tránsito. Si queremos mejorar en el tema de turismo, es necesario incorporar en las políticas de la materia el enfoque de protección de la niñez. Hay plataformas externas, de las que se conoce a raíz de casos en otros países, que facilitan al crimen organizado la explotación de niños en esos lugares. Por ejemplo, cómo controlas un alquiler de viviendas a través de una plataforma si no sabes quién entra y sale de ahí. El implementar de mejor forma el registro de ofensores (ley 244) porque las organizaciones que trabajan con niños, transportes, buses colegiales y academias, deben pedir el certificado de no ofensor como estrategia de prevención. El que tiene su registro puede trabajar con niños, quien no lo posea, no lo contratan.

Un país que debe revisar las deficiencias que nos están señalando para mejorarlas. Tenemos muchas. Primero nos reconocen que hemos avanzado con la legislación, con contar con un Observatorio independiente y con haber dado seguimiento al desarrollo del sistema. En las deficiencias podemos señalar el registro de datos, la estadística y la coordinación.

En las áreas turísticas, Bocas del Toro, áreas de playa y el tema del Darién.

Eso no lo sabemos. Tenemos que identificar eso.

Nosotros estamos desarrollando desde hace cinco años metodologías de cooperación en el Observatorio de la Universidad de Panamá y esperamos que no se pierda con este nuevo gobierno. Puede estar ocurriendo situaciones que no se conozcan de forma oficial en la forma de cómo estamos capturando los datos, las estadísticas. Hay que hacer una revisión estadística. Conocemos lo que se denuncia, pero la política pública para erradicar el fenómeno criminal, muy lucrativo y presente en toda la región, debe perfilar el lápiz en la detección de estos casos, no esperar la denuncia.

Esa detección implica una serie de estrategias de seguridad con un enfoque apropiado para la niñez y la niñez migrante para implantar mecanismos e identificar a las víctimas.